Pese a que la ley 26.160 impide el desalojo de las comunidades originarias de sus tierras, sectores de la Justicia siguen emitiendo fallos favorables a los terratenientes. La mencionada norma contempla un relevamiento territorial de todos los pueblos indígenas del país. En Tucumán, su aplicación alcanzó un alto grado de avance. Una herramienta para bloquear el desalojo de las comunidades ancestrales.