La Jueza de Paz Sandra Fabiana Ríos Guanco dispuso una orden desalojo para mañana, a las 9, contra las 15 familias que están asentadas en una zona aledaña al ingenio Cruz Alta en la localidad de Colombres (departamento Cruz Alta). En el escrito de la jueza, firmado el 19 de abril pasado, se advierte que el desalojo se cumplirá a través de la fuerza pública y una orden de allanamiento de domicilio a fin de restituir el inmueble al amparista.

La causa se inició en diciembre del año pasado cuando la Jueza de Paz dio lugar a un pedido de la Cía Azucarera Los Balcanes, propiedad del empresario azucarero Jorge Rochia Ferro.

El caso puso en acción a los militantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quienes advirtieron que fueron vulnerados los derechos de los vecinos puesto que no tuvieron la oportunidad de defenderse ante la medida que dispuso la jueza de Paz. Además, denunciaron que se pretende trasladar a las familias a un predio convertido en un basural.

Ante esta situación, los letrados Juan Carlos Veliz y Daniel Mendivil presentaron planteos de la nulidad de la medida ante la jueza de Documentos y Locaciones de la VII Nominación, Ana Cecilia Pizzicanella Blasi, quien hizo cursar el planteo pero avaló al mismo tiempo la decisión de Ríos Guanco, según comentaron los abogados a primerafuente.

Juan José Palacios, uno de los primeros militantes de la Liga, precisó que el asentamiento de las familias se encuentra aledaño a la represa del ingenio Cruz Alta. “Se trata de gente humilde que trabaja de sus oficios, algunos son desocupados, hijos de trabajadores del ingenio”, expresó.

Para los abogados, la situación vulnera los derechos de salud, vivienda digna y amenaza la integridad de las personas ante un posible desalojo violento. Por ello, ya golpearon las puertas de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a fin de que tomen cartas en el asunto para impedir la violación a los derechos humanos de las familias del asentamiento. A todo esto, advirtieron que el delegado comunal Daniel Hernández, lejos de aportar una solución, asintió el accionar del empresario azucarero.

Ante la fecha inminente de desalojo, los abogados de la Liga plantearon una medida cautelar ante la jueza Pizzicanella Blasi para que frene la disposición judicial. Por estas horas, si son desalojados los vecinos no tienen dónde vivir.