El Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán cuenta con un nuevo estudio científico que ratifica el daño que ocasiona Minera Alumbrera en la cuenca Salí-Dulce. Se trata de nuevas pruebas que acercan a directivos de la empresa a su procesamiento en el marco de una causa impune que ya lleva 14 años.
El Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) - dependiente del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA)- remitió al juez federal, Fernando Luis Poviña, un informe en el que se asevera la contaminación con cobre en aguas del canal DP2, afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El estudio, realizado por profesionales ecotoxicólogos, afirma que los valores de cobre detectados exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”, agrega.
El informe, cuya fecha es del 12 de agosto, también sostiene que las consecuencias negativas de la empresa del caso (Minera Alumbrera) “son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de efluentes”. Por este motivo, la vicedirectora del IEGEBA, Ines O`Farrell, quien firma el estudio, aconsejó realizar un monitoreo de agua más detallado “para establecer en forma directa el efecto sobre la salud humana”. Por Esteban Stanich
La tercera prueba en un año que allana el camino a un posible juicio
El informe al que se hace mención tiene su origen en el allanamiento realizado en septiembre de 2012 a la planta de secado ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Ranchillos, departamento Cruz Alta). Desde aquí se arrojan los efluentes aparentemente contaminantes al canal DP2, surgidos del mineraloducto que nace en la explotación de Bajo la Alumbrera, Catamarca.
En esa oportunidad, a partir de tomas de muestras, peritos de la UNT, corroboraron según pericias realizadas en el Instituto Nacional del Agua, la existencia de metales como selenio, mercurio y cobre en el agua. Estos elementos, son considerados en el Anexo II de la ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) como “ecotóxicos”.
A estas pruebas, se le suma la consulta realizada en julio por Poviña a peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quienes manifestaron al amgsitrado que “no existen concentraciones mínimas seguras, ante la exposición de dichas sustancias”.
“Con todos estos elementos, exigimos como querellantes, el inmediato procesamiento de los directivos responsables de Minera Alumbrera y de autoridades de la Dirección de Minería de la provincia, por ser cómplices de este delito de lesa humanidad y ecocidio”, afirmó Alfredo Carbonel, de la ONG Pro-Eco, querellante en la causa.
“No hace falta que se pruebe que existe más de una sustancia que viole las normas vigentes. Pese a que se determinó que hay varios metales pesados contaminantes en el agua, sólo con la excedida presencia del cobre ratificada por el IEGEBA, ya se comprobó claramente que hay una afectación a la salud pública y, por ende, un delito”, agregó Iván Berkman de la organización Conciencia Solidaria.
Un dato no menor se desprendió a partir de esta suma de pruebas que comenzaron a apilarse en el despacho del Juzgado Federal Nº 2: semanas atrás Poviña a remitió oficios a la Dirección de Minería, al Registro Público de Comercio, a AFIP y a la Inspección de Persona Jurídica para que se le informe cuál es la composición societaria y nombres de los directivos de la minera desde el año 2000. También se requirió datos sobre en cuáles cargos se desempeñaban cada uno de los empresarios.
Se especula que esta medida apunta a determinar los responsables del delito de violación de la ley 24.051 para su citación a declaración indagatoria.Por Esteban Stanich
Más de una década en busca de Justicia
La causa contra Minera Alumbrera fue iniciada en 1999 por el funcionario de la entonces Dirección de Medio Ambiente provincial, Juan Antonio González, por presunta contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez.
En mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable de violar ley 24.051.
En septiembre de 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera que aún sigue vigente.
Oportunamente, desde Minera Alumbrera se afirmó que se cumple con la totalidad de los parámetros establecidos por resolución N° 030 del Siprosa (mucho más permisiva que la ley federal 24.051) en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en Ranchillos.
