La diputada de la Unión Cívica Radical (UCR) Mariana Juri se reunió con el ministro de Desarrollo Social de Mendoza, Guillermo Elizalde, para analizar la situación de la provincia en relación con la trata de personas y el turismo sexual infantil, con el objetivo de elevar al gobernador, Francisco Pérez, una nota con propuestas para profundizar las acciones tendientes a combatirlos.
Al término del encuentro, Juri calificó al encuentro como “positivo” y aseguró que “es primordial que el Estado provincial se obligue, en forma inmediata, a garantizar a las víctimas la absoluta imposibilidad de que abusos y acciones como las que venían soportando vuelvan a repetirse, y para ello es imprescindible que sean ayudadas a superar la situación de vulnerabilidad inicial”.
Para lograr dicho objetivo, la legisladora mendocina, autora de varios proyectos sobre el tema, propuso garantizar por ley el acceso prioritario de las víctimas a todos los planes sociales existentes y, a su vez, diseñar mecanismos para un rápido trámite.
Juri también planteó la posibilidad de analizar normativas, como la existente en Brasil, para la expropiación inmediata de los bienes que se utilicen para la esclavización de seres humanos y destinarlos a la asistencia y protección de las víctimas de la trata.
Además, en el conjunto de iniciativas elevadas por la diputada se completa la idea de extender a todo el ámbito provincial la medida adoptada recientemente por la municipalidad de Mendoza para clausurar los prostíbulos existentes y prohibir la habilitación de nuevos establecimientos, y complementar esta medida con el apoyo a todas aquellas mujeres que deseen cambiar su actividad, y a brindar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad a aquellas que deseen libremente ejercer la prostitución.
Finalmente, Juri le planteó a Elizalde proyectos vinculados a la prevención del turismo sexual infantil, cuyas redes todavía no tienen presencia en la provincia. Para neutralizar su potencial desembarco, le propuso al titular de Desarrollo Social de Mendoza incrementar los controles y clausurar la creciente oferta ilegal de alojamientos, la puesta en pleno funcionamiento en hoteles del libro de pasajeros -tal como lo exige la ley provincial 3365/65-, incrementar las penas previstas para estos casos, y establecer la obligatoriedad por parte de los responsables de alojamientos para denunciar cualquier ingreso de huéspedes que genere sospechas sobre el delito en cuestión.
