Las dificultades para aplicar el derecho a formar una familia es uno de los principales problemas que enfrentan las parejas no heterosexuales en Tucumán y las provincias vecinas. Por ejemplo, a poco de aprobarse el matrimonio igualitario, dos mujeres lesbianas que habían decidido casarse y ya tenían dos hijos (un niño de 5 años y una beba de meses de edad), tuvieron que padecer más de un mes de demora por parte de las instituciones policiales y del poder judicial, ante la retención de la hija de ambas por parte de la abuela.

Cabe destacar que desde el punto de vista legal, hoy esta familia conformada por dos madres, un niño y una niña, no cuenta con el adecuado reconocimiento legal, ya que las leyes no han previsto solución a la situación de hijos/as de familias homoparentales nacidos/as fuera del matrimonio. En esta situación de desventaja jurídica, han quedado hijos/as de familias homoparentales, con respecto a los demás. Un caso concreto ocurrió en Tucumán: al fallecer el padre biológico de un niño, dejó en una situación jurídica de orfandad a su hijo biológico. Quedó su marido como tutor del menor, pero se desconoció por completo la realidad familiar y el vínculo del niño, y de sus padres.

Las violaciones a los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB) en el Noroeste Argentino cuentan con un excelente aliado: el silencio. Severos obstáculos legales, sociales y culturales afectan a la vida de LGBT, en una región con muchos “peros” a la hora de tratar los derechos sexuales y reproductivos. La invisibilidad y la estigmatización arruinan y destruyen muchas vidas, mientras la violencia y la impunidad diarias obligan a muchos integrantes del colectivo LGTB a vivir en las sombras y con miedo.

La Multisectorial por la Diversidad en Tucumán elaboró un informe sobre la situación en nuestra región, que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Está integrada por representantes de Crisálida biblioteca popular de género, Les Warmi, la Cámpora Diversia Tucumán, y Staff Babylon. Participaron Norma Salica (activista lesbiana), María Victoria Julio (activista trans), Gustavo Diaz Fernández (investigador y activista por los DDHH) y Gerardo Epelbaum (activista gay). La coordinación del informe estuvo a cargo de Agustín Martínez, investigador, abogado y director de Crisálida JUS.

Fuera del aspecto familiar, las personas gays, bisexuales y lesbianas no cuentan con protección especial por discriminación en las leyes generales del país, con lo cual no tienen garantizada la estabilidad laboral, ni protección legal específica en contra de crímenes de odio, y de discriminación en ámbitos laborales, educativos, y de atención de salud. Preocupa especialmente que mujeres lesbianas no tengan acceso a herramientas para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Madres solas y también parejas de madres lesbianas comunicaron su miedo a la imposición de un padre legal, a través del reconocimiento en el registro civil, por un acto unilateral y sin notificación ni posibilidad de defensa ante esa situación. Para el hombre, ni siquiera es necesario acreditar relación biológica con la/el niño/a. Esto genera una gran inseguridad jurídica y angustia familiar. Una mujer sola ni siquiera puede salir del país con su hijo/a, si no cuenta con una copia actualizada del acta de nacimiento, ya que debe acreditar que nadie más ejerce la patria potestad.

Las leyes que restringen los derechos humanos de personas con identidades trans, en general, datan de la dictadura militar que rigió el país desde 1966 a 1970. En los tribunales del interior del país existe una gran resistencia por parte del Poder Judicial a la hora de cumplir con sus funciones, cerrándoles en la práctica las puertas a personas trans. Existe una marcada diferencia entre la situación en Buenos Aires, y el resto del país.

Preocupa especialmente la persecución por parte de la Policía a mujeres con identidades trans. Las identidades de género no se encuentran criminalizadas en el Código Penal. Sertrans no es un delito. Sin embargo, las provincias persiguen a esta comunidad a través de contravenciones o códigos de falta (utilizados como excusa), y principalmente bajo figuras de “averiguación de antecedentes”, o “acreditación de identidad”, o similares.

En Tucumán las contravenciones son una herencia de la última dictadura militar,impuestas en el año 1980, con la clara finalidad de asegurarle a la Policía una herramienta que le permita detener a personas sin ningún tipo de control judicial. A pesar que hace más de un año la Corte Suprema de la Nación se pronunció por la inconstitucionalidad de la imposición dictatorial denominada “ley de contravenciones”, la Legislatura local no ha actuado todavía para su derogación.

Si bien las contravenciones son una institución de por sí grave, y con un sistema perverso denominado día/multa, que permite que personas con recursos económicos puedan evitar la privación de libertad, pagando un monto de dinero, mientras que las personas pobres son especialmente afectadas.

Con respecto a otros aspectos, debemos decir que el enfoque desde el que se trabaja la “Trata y tráfico de mujeres” (y en las dependencias gubernamentales que lo hacen), no incluyen a trans, por lo que el tráfico de trans (muchas de ellas adolescentes) con fines de prostitución está liberado. Un estudio del Area Queer NOA deja ver que mensualmente llegan a Tucumán adolescentes trans entre 13 y 18 años las cuales son receptadas por el sistema de prostitución.

El Área Trans de Crisálida denuncia que hay un descontrolado avance en las hormonalización por parte de jóvenes trans. La hormonalización es un negocio clandestino que conlleva nefastas consecuencias producto de una política de invisibilización, esto se potencia con el accionar impune de los laboratorios y puntos de venta. A esta situación se le suma también las prácticas caseras de inyección de siliconas industriales para poder feminizar sus cuerpos, atento a que las cirugías necesarias para obtener resultados similares pero de forma segura, aún no son accesibles.

Con respecto al derecho a la educación, un estudio que realizó Crisálida y el Centro de Derechos Humanos del NOAsobre abusos a LGBT en las instituciones educativas, expresa que niñas y adolescentes trans sufren la violencia y el acoso sexual por parte de compañeros y docentes. Su expresión de género habilita situaciones de violencia por parte de sus compañeros ante la impasibilidad de docentes y autoridades de establecimientos educativos. A su vez mujeres trans mayores de 25 años recuerdan haber sufrido acoso sexual y abusos sexuales por parte de docentes varones y autoridades.

En el año 2011, Crisálida abrió en Tucumán un Centro de Alfabetización Trans11, ámbito educativo en el cual asistían alumnas que habían sido expulsadas del ámbito educativo oficial en su niñez, debido a su identidad de género. Además de recibir alfabetización, las alumnas eran sensibilizadas sobre el cuidado de su salud, la forma de protegerse ante abusos de autoridad, y otros saberes propios de la currícula oculta de los establecimientos educativos.