De esos cuestionados jueces, uno eludió un jury y otros dos acudieron a la Corte nacional para evitarlo. Además, está activa la primera investigación por la pata económica del caso. Y la causa por averiguación de paradero suma pistas desde 2004.

Después de 11 años y 8 meses del secuestro de María de los Ángeles Verón y a pocos días de su cumpleaños número 34, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán aún no resolvió sobre la queja que interpusieron los abogados (ver video al abogado Carlos Garmendia) que asisten a Susana Trimarco, su madre, para que se revise la sentencia que absolvió a todos los imputados por desaparecerla y obligarla a prostituirse en burdeles de la ruta nacional 38, en La Rioja. En tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos el futuro del juicio político por mal desempeño de los jueces Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, que sería emblemático contra la trata de personas.

En noviembre pasado, la Corte tucumana avaló que Romero Lascano y Piedrabuena alcanzaran su reclamo al máximo tribunal del país en su intento de evitar dar respuesta por su actuación en el juicio en el que absolvieron a los 13 acusados, en diciembre de 2012. Esperan que los jueces de la Corte nacional hagan lugar al pedido de inconstitucionalidad de los actos de integración del jurado de enjuiciamiento al que deberían enfrentar en caso de avanzar el juicio político.

El tercer integrante de la Cámara en lo Penal tucumana que liberó a los esclavistas sexuales, Emilio Herrera Molina, eludió el jury. En agosto de 2013, el gobernador tucumano, José Alperovich, acató la sentencia del máximo tribunal provincial que confirmaba un fallo de la Sala II de la Cámara Contenciosa y aceptó la renuncia de Herrara Molina para que pudiera jubilarse. En diciembre de 2012, Alperovich había rechazado ese mismo pedido pero el camarista insistió: interpuso un amparo que se resolvió en el fuero en lo contencioso administrativo. El juez manifestó que necesitaba darle a su salud, “aquejada por el cáncer, el descanso que merecía”. La Corte tucumana le dio la razón pero exigió que informara sobre el estado de su salud al Ejecutivo provincial.

Acoso, maltrato y destrucción de pruebas

Como sus pares en la Sala II de la Cámara Penal Piedrabuena y Romero Lascano, Herrera Molina presentó su descargo ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura provincial. Estaban cuestionados porque durante los nueve meses que duró el juicio dejaron que los defensores y los imputados acosaran y maltrataran a las únicas que se atrevieron a testimoniar contra los esclavistas sexuales de los que también habían sido víctimas y porque destruyeron “todas y cada una de las pruebas existentes” y “adulteraron” las declaraciones de las mujeres que vieron a la hija de Trimarco en la casa de la localidad de Yerba Buena en la que estuvo secuestrada y en los prostíbulos riojanos Candy, Candilejas y El Desafío.

“No hicieron nada respecto de las amenazas, interrogatorios hostiles y humillantes, que duraron días o una eternidad para las víctimas”, afirmaron los abogados Carlos Garmendia, Carlos Varela Álvarez y José D’ Antona en el pedido de jury para los jueces.

Ocho mujeres, todas víctimas de una red en la que fueron explotadas sexualmente desde muy jóvenes (algunas tenían 15 y la más grandes, apenas 17 o 18 cuando compartieron cautiverio con Marita), la vieron golpeada, teñida de rubio y con lentes de contacto celestes. Otras veces, dopada, hinchada y con rastros de una posible cesárea. Algunas la escucharon contar que extrañaba a su pequeña hija, Micaela, que tenía tres años cuando se llevaron a su madre. En el juicio que empezó en febrero de 2012, su palabra valió poco, pero los interrogatorios las dejaron exhaustas: Blanca V. declaró durante tres audiencias, del 3 al 5 de julio; Andrea D., del 17 al 19 de julio; para Fátima M. fueron cinco jornadas, del 29 de marzo al 3 de abril; y para Andrea R. otro tanto, del 10 al 12 de abril. No era la primera vez que lo hacían: habían declarado en comisarías de La Rioja y Tucumán y también durante la instrucción de la causa, que culminó en 2004.

Naturales pasiones

Días antes de que se iniciara este juicio, que se esperaba fuera emblemático en la lucha contra la trata de personas, Marcelo Colombo, el fiscal que asiste a los de todo el país en la persecución de este delito desde 2008, estuvo en Tucumán. Convocado por la Corte provincial para capacitar a los operadores judiciales que intervienen en este tipo de causas, entre su público no contó ni con los jueces ni con los fiscales que intervinieron en el caso Verón.

Las consecuencias fueron predecibles: en el capítulo “Palabras para encubrirlo”, la periodista Sibila Camps, autora de La Red (Planeta: 2013), reconstruye la crónica del juicio y muestra lo que ocultaron las palabras durante las audiencias. El Tribunal prohibió a los abogados querellantes y defensores y a los fiscales decir que los locales donde fue vista Marita Verón en La Rioja eran prostíbulos; las reclutadoras o entregadoras eran mencionadas como “madrinas” y los hombres que pagan por sexo, como “clientes”, cuando participan del sometimiento del cuerpo de mujeres ultrajadas una y otra vez.

En más de 11 años, ninguno de estos hombres dijo dónde está Marita, ninguno declaró contra las tratantes en la causa en la que se investiga la desaparición de la joven desaparecida desde el 3 de abril de 2002.

Los jueces dijeron no creer a las mujeres que compartieron cautiverio con ella. En el descargo de Piedrabuena ante la comisión de Enjuiciamiento de la Legislatura que habilitó el jury la falta de esta capacitación salta a la vista. El juez, que como su par Herrera Molina también intentó jubilarse (sin conseguirlo) habló de “las naturales pasiones y deseo de venganza de las víctimas y sus familiares”.

Con los testimonios de las mujeres rescatadas de burdeles riojanos absolvieron a todos los imputados porque no consideraron verificable que hubieran visto a Marita, decidieron pedir que se abrieran otras causas en La Rioja y Tucumán porque los “acusados integraban una verdadera organización cuya finalidad era explotar la prostitución de mujeres (…) integrado a una red de captación con conexión nacional y seguramente internacionales”. No solo los letrados que acompañan a Trimarco cuestionaron la sentencia, en su intento de continuar buscando justicia por Marita el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Sur, Aministía Internacional y la mendocina Xumek – Asociación para la protección y promoción de los derechos humanos, acompañaron el reclamo como amicus curiae (una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a una causa judicial, que no obstante reviste interés social).

Una sentencia que se puede revertir

En julio de 2013, el ministro fiscal de la Corte tucumana Luis De Mitri consideró equivocada la decisión de los jueces del tribunal oral que consagraron la impunidad de los 13 acusados. En 50 páginas, la máxima autoridad de los fiscales tucumanos afirmó que los jueces Herrera Molina, Piedrabuena y Romero Lascano contaron con suficientes elementos para condenar a Víctor Rivero por el secuestro de Marita y a su hermana María Jesús Rivero por haberle dado la orden.

En su dictamen, De Mitri afirma que los jueces tenían suficientes pruebas para demostrar que Marita permaneció secuestrada en la casa de Daniela Milhein y Alejandro González. Y que posteriormente la vendieron a la riojana Irma Lidia “Mamá Lily” Medina (que murió en febrero de 2013 cuando estaba detenida acusada por narcotráfico) y sus hijos José Fernando “Chenga” Gómez y Gonzalo José“Chenguita” Gómez, que la habrían explotados sexualmente en tres prostíbulos, de su propiedad. El ex policía Domingo Pascual Andrada habría trabajado para ellos y De Mitri también afirmó que estaba probado que “cantó” los allanamientos en los que se buscaba a Marita y que María Azucena Márquez, Humberto Juan De Robertis, Carlos Alberto Luna, Cintia Gaitán también tomaron parte para mantenerla cautiva.

Ahora, la posibilidad de dictar una nueva sentencia o dar lugar a un nuevo juicio quedó en manos de los jueces de la Corte tucumana, que pueden o no coincidir con el dictamen del fiscal (no es vinculante). En el peor de los escenarios, el máximo tribunal provincial puede desconocer las consideraciones de De Mitri y confirmar la sentencia del tribunal penal; lo que reforzaría inevitablemente la impunidad.

La Chancha y la pata de la plata

El gran ausente en el juicio que concluyó en diciembre de 2012 fue Rubén “La Chancha” Ale, esposo de María Jesús Rivero y su socio en “Cinco Estrellas”, la flota de remises que se sospecha la organización usaba para trasladar a mujeres obligadas a prostituirse entre Tucumán y La Rioja, por ejemplo.

Ex presidente del club San Martín de Tucumán, desde los ’80 “La Chancha” fue señalado como uno de los jefes de la barra brava que disputó el lugar con Los Gardelitos, con muertos de por medio y causas por amenazas, lesiones en banda, asociación ilícita e intentos de homicidio, pero con poco tiempo tras las rejas. Tiene una hija con Daniela Milhein, la joven que en el juicio por el secuestro de Marita estuvo acusada de ocultarla en su casa de Yerba Buena y que en el inició de esas audiencias pareció confrontarlo: contó que lo conoció cuando tenía 17 años y que la obligó a prostituir mujeres en las “whiskerías” riojanas de Liliana Medina.

Ahora los tres enfrentan un proceso por conformar una asociación ilícita que se dedicó a lavar activos generados a través de una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La causa que instruye el titular del juzgado Federal 2 de Tucumán, Fernando Poviña, se inició en los primeros meses de 2013 a raíz de una denuncia que impulsaron la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúan como querellantes, ante el fiscal Carlos Gonella, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Entre fines de octubre y principios de noviembre de 2013, Ale, Rivero y su hermano Víctor, Adolfo Ángel “Mono” Ale (el hermano de la “La Chancha”) y el único hijo que Rivero tiene con “La Chancha” fueron indagados en esta causa.

Gonella cuando fundamentó el pedido para que declararan sobre el origen de sus bienes advirtió indicios suficientes para que se justifique investigar si Cinco Estrellas funcionaría como “una pantalla adecuada para ingresar al circuito legal dinero proveniente de la actividad criminal”. Ale reconoció que la empresa le pertenece y que la transfirió a nombre de su hijo Ángel Adolfo Ale y su actual pareja, María Florencia Cuño. Otras 14 personas respondieron sobre sumas millonarias en declaraciones que incluyen acusaciones cruzadas y confesiones de evasión de sumas millonarias.

Para Gonella, la trata de personas con fines de explotación sexual habría sido el origen del dinero. Así apuntó que al “alcanzar visibilidad pública el caso Marita Verón” la organización diversificó el “capital ilegal inicial” hacia otras actividades, para lo que se valieron de la remisería Cinco Estrella así como de “Points Limits SRL”, “Transportadora Leonel SRL” y “Gerenciadora Deportiva del NOA”, a través de la que se privatizó la actividad del fútbol profesional en el club San Martín. Esta causa recién comienza y tras concluir las indagatorias podrían derivar en pedidos de detención para los implicados.

Las pistas sobre el paradero de Marita

En 2004, cuando la causa por la desaparición de la joven tucumana se elevó a juicio, Susana Trimarco, asesorada por sus abogados, consiguió que en la provincia se abriera un nuevo expediente por “averiguación de paradero”. Hoy se acumulan allí muchas de las pistas producto de la búsqueda, sobre todo desde 2008, cuando los investigadores volvieron a La Rioja, primero en Villa Unión, y después a Piquillín y Montecristo en Córdoba.

“A lo largo de este tiempo hemos tenido distintos indicios. Siempre de víctimas que escucharon o vieron algo de Marita (por ejemplo, una cartera que le pertenecía)”, dijo a OTROS CÍRCULOS el abogado mendocino Carlos Varela Álvarez, que integró el equipo de abogados que acompañaron a Trimarco en el juicio.

En esta causa, por primera vez el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses colaboró en la búsqueda. Es que algunas víctimas mencionan que por terceros escucharon que los tratantes se deshicieron de la joven. Las últimas excavaciones tuvieron lugar en La Rioja, justamente en línea de prostíbulos en los en los que Marita habría sido esclavizada tras desaparecer el 3 de abril de 2002.

Investigadores y antropólogos forenses comenzaron donde funcionó Candy, bajo la mano dura de “Mamá Lily” Medina. Siguieron en los locales de Candilejas y Desafío, y en el domicilio de José “El Chenga” Gómez, uno de los hijos de Medina. En agosto de 2013 la policía tucumana buscó también sin éxito los restos de Marita en el pozo séptico de Candilejas.

Cuando la secuestraron, Marita tenía 23 años y una hija de tres. Desde entonces su madre, Susana Trimarco y su hija, Micaela Catalán Verón, la buscan y ansían que cada pista se investigue, que cada rastro las acerque a la verdad. Antes de que empezara el juicio, el abogado de la Fundación María de los Ángeles Germán Díaz escribió en OTROS CÍRCULOS sobre los efectos de este caso ‘emblemático’”.