Detenido mientras cubría una huelga policial en Santiago del Estero, su provincia, Suárez pasó 10 días en un calabozo; ya en libertad, acusó una persecución política por parte del gobierno provincial y quedó a punto de convertirse en la primera persona en ser juzgada por una polémica Ley Antiterrorista.

Acusado de "sedición" y de "incitar a la violencia colectiva", explicó el pasado viernes en declaraciones a Infobae que el fiscal Pedro Simón le mostró supuestos diálogos entre él y un policía que protestaba por mejoras salariales, aunque Suárez declaró que desconoce esos mensajes.

"Que un medio de comunicación tenga que cerrar por la persecución que sufren sus editores, es un hecho gravísimo que no puede tolerarse en un Estado democrático", aclaró sobre la actualidad del diario Última Hora la presidenta de la Fundación LED, Silvana Giudici.

"Le exigimos al doctor Guillermo Molinari, juez federal de Santiago del Estero, que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la integridad física de Juan Pablo Suárez, así como su libertad para seguir ejerciendo el periodismo en esa provincia", reclamó la ex presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

Sus palabras refieren a que se conoció en las últimas horas que Suárez evalúa abandonar la provincia debido a las presiones sufridas por él, sus familiares y los trabajadores del diario, luego de su declaración el viernes en la causa en la cual se lo acusa utilizando la Ley Antiterrorista.

"El juez Molinari tiene la obligación de velar por la seguridad de Suárez. Si algo le sucediera a él o a sus allegados, sería directamente responsable. Pero además, la gobernadora de la provincia de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala, no puede estar ajena a esta situación y, por lo tanto, tiene que garantizar que en su provincia se pueda ejercer la libertad de expresión y que los medios de comunicación puedan funcionar libres de toda presión política", exclamó la ex diputada.