Al llegar a los tribunales locales, el funcionario remarcó que apelará la decisión de la Sala I de la Cámara del Crimen, que concluyó que la causa contra el sacerdote está prescripta por el paso del tiempo.

"Vamos a agotar hasta las últimas instancias para que esto se investigue y este señor, no solamente no vuelva a la capilla, sino que vaya con sus huesos a la cárcel" Jorge García, procurador general de Entre Ríos "Vamos a agotar hasta las últimas instancias para que esto se investigue penalmente y este señor, no solamente no vuelva a la capilla, sino que vaya con sus huesos a la cárcel", sostuvo García.

Explicó que si el fallo queda firme "no habría restricciones para que Ilarraz vuelva a Monteros y se haga cargo de la parroquia” donde ejercía hasta que estalló el escándalo.

El procurador recalcó que “uno de los argumentos interesantes para continuar con la investigación es que el Papa (Francisco) ha condenado esta clase de hechos como aberrantes y ha puesto énfasis en que no se va a ocultar ni a proteger a ninguno de estos actores".

"La iglesia lo va a separar (a Ilarraz), porque estos hechos ocurrieron y las víctimas siguen siendo víctimas”, completó el procurador.

En tanto, el abogado del ex arzobispo de Paraná, monseñor Esteban Karlic, a quien se acusa de ocultar el hecho y de no informar a la justicia de lo sucedido en el seminario local, sostuvo que “la prescripción de la acción penal es justa y adecuada al derecho”.

“Este es un delito cometido hace 20 años. Por lo tanto es normal que haya ocurrido la prescripción”, agregó el abogado Marciano Martínez.

También negó que Karlic y los arzobispos que lo sucedieron incurrieran en el delito de encubrimiento.

“Es un delito de acción privada. Los padres tendrían que haber hecho la denuncia”, remarcó.

En tanto, la presidenta de la Asociación Civil Vidaer, Carla Cusimano, expresó su “sorpresa porque esto no le hace bien a la sociedad, tampoco a las víctimas ni mucho menos a la Iglesia”.

“El sacerdote Ilarraz debería ser sometido a proceso penal para que se establezca si realmente es inocente de las causas por las que fue denunciado. La justicia dejó libre a una persona que seguirá sospechada de por vida”, completó.

El caso, que tomó estado público en septiembre del año pasado, nunca fue comunicado por el entonces arzobispo Karlic a la justicia ordinaria y se mantuvo en el más estricto secreto hasta que algunas supuestas víctimas del cura decidieron presentarse en los estrados judiciales.

Ilarraz fue un estrecho colaborador de Karlic, actualmente integrante del Colegio Cardenalicio del Vaticano, quien en 1995 dispuso una investigación diocesana para esclarecer el hecho.

En esa ocasión se escuchó el testimonio de algunas víctimas de los abusos sexuales del cura, pero el caso nunca fue denunciado ante la justicia ordinaria por las autoridades eclesiásticas.

A Ilarraz se le aplicó una sanción simbólica, que le prohibía volver a la diócesis local y tomar contacto con los seminaristas.

El cura fue enviado a Roma por el propio Karlic y, al regresar, se distanció un tiempo del sacerdocio, se radicó en Buenos Aires y más tarde se trasladó a Tucumán, donde la iglesia no tuvo en cuenta sus antecedente y lo designó párroco de la localidad de Monteros, donde ejerció el sacerdocio hasta septiembre pasado, cuando estalló el escándalo de los abusos.

En la causa estuvieron citados a declarar por el juez Grippo los tres últimos arzobispos de Paraná, Juan Alberto Puiggari; Mario Luis Bautista Maulión, y Estanislao Karlic (cardenal), y el obispo de Concepción, Tucumán, José María Rossi.

Hasta el momento han declarado ante el juez Grippo por lo menos 8 ex seminaristas, que coincidieron en la forma en que el cura abusaba de los niños de entre 10 y 14 años alojados en ese instituto religioso.