El evento fue convocado por ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina) y contó con la participación de los diputados nacionales Carmen Polledo, Cornelia Schmidt-Liermann, Eduardo Amadeo, Jorge Enriquez y Marcela Campagnoli, quienes votaron en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
En el acto, donde volvieron a verse los pañuelos celestes, se anunció el lanzamiento de una línea telefónica gratuita para atender a mujeres “en situación de vulnerabilidad” que cursen embarazos no deseados en todo el país.
Según se informó, la línea 0-800 fue fruto de un convenio suscrito con el Ministerio de Desarrollo Social, que dirige Carolina Stanley, y comenzará a funcionar el 1ro. de abril. El año pasado, la funcionaria se pronunció en contra de la legalización del aborto y llamó a reforzar la educación sexual.
Polledo, presidenta de la Comisión de Salud y oradora del encuentro, destacó que la medida permitirá “efectivizar y coordinar el trabajo” sobre los embarazos no intencionales. “Nos paramos en la defensa del niño y de la madre”, ratificó la legisladora del Pro, y sostuvo que “el pueblo argentino mayoritariamente sigue pensando en la importancia de las dos vidas”.
El acto se realizó justo el día en que se cumple un año desde la presentación, por séptima vez, del proyecto de la Campaña por el Aborto Legal Aseguro y Gratuito, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y rechazado en el Senado.
“Mientras el movimiento de mujeres se prepara para marchar masivamente este 8M, por el derecho al aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado, el Congreso abre las puertas a la asociación evangelista ACIERA, enemiga activa de los derechos de las mujeres”, denunció en un comunicado la diputada del PO-FIT Romina Del Plá.
La legisladora advirtió que el programa que se lanzó este miércoles “es una política de forzar a las niñas violadas a la tortura, como hemos visto con los casos de Jujuy y Tucumán, y la maternidad forzada”.
“Carolina Stanley firmó un convenio con ACIERA para tercerizar la asistencia social en este grupo anti-derechos. El Gobierno le da fondos, recursos y la responsabilidad de atender a las niñas violadas, poniendo en riesgo su salud y sus vidas”, sentenció Del Plá./Parlamentario.com
