La Cámara de Apelaciones en lo Penal aceptó la recusación por “temor fundado de parcialidad” contra la fiscal Adriana Giannoni y el juez penal Facundo Maggio, que hasta aquí entendían en la causa contra José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos que intervinieron en el pedido de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la niña de 11 años que había sido abusada por su abuelastro.

La presentación la habían realizado Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem Tucumán), desde donde celebraron la decisión del juez de apelaciones Enrique Pedicone.

Ambas organizaciones, junto a numerosos organismos, habían cuestionado en su oportunidad la designación de Maggio como Juez Penal por su defensa de acusados por delitos de Lesa Humanidad y por su vinculación explícita y reconocida con el Arzobispado de Tucumán. Según denunciaron en su momento, esto entraba en la causal de “enemistad manifiesta”, ya que Maggio conoce a quienes interpusieron las impugnaciones en su contra en los momentos previos a su designación.

Respecto a Giannoni, tanto Andhes como Cladem entendieron que su posicionamiento político/ideológico “no le permitirá actuar según las leyes actuales ni respetando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. En este marco, analizaron que “su accionar busca disciplinar a efectores de salud que quieran garantizar el acceso a abortos no punibles, cercenando los derechos de las mujeres y personas gestantes”.

Giannoni recibió, además, una denuncia impulsada por la Diputada Nacional Teresita Villavicencia, por coacción y abuso de autoridad por su actuación en el caso “Lucía”. El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos de la 2da Nominación a cargo de Mariana Rivadeneira.

En su resolución, Pedicone definió que las mencionadas circunstancias, en casos con este impacto social, no resultan indiferentes. En ese sentido, consideró que para que la Justicia pueda generar la confianza necesaria en la población tiene que actuar de manera transparente, que no genere ningún tipo de dudas respecto a la imparcialidad de las personas involucradas ni con las formas que serán tratadas aquellos que se encuentren sometidos a su jurisdicción. Finalmente, destacó que por su posicionamiento público, la fiscal no debería tratar expedientes de esta naturaleza: “Todos vimos los carteles pegados en la puerta de la fiscalía de la doctora Giannoni fijando posición pública sobre la temática".

“Esta decisión vino a darle orden, peso y sustancia a garantías procesales importantes como defensa de derecho en juicio, la imparcialidad de los magistrados. También a poner en valor la transparencia con la que la Justicia tiene que desempeñarse”, expresaron Pablo Gargiulo y Emilio Guagnini, abogados defensores de los médicos.

Asimismo, indicaron que “esperamos que quien asuma como Fiscal en la causa, desestime la denuncia ya que no responde a un fin lícito y por tanto no procura proteger derechos. Criminalizar las buenas prácticas como las realizadas por Gijena y Ousset coloca en situación de alto riesgo a estos médicos, a las niñas y todas las personas gestantes en Tucumán” y reclamaron que "la justicia investigue a los responsables de obstaculizar el derecho a la salud y de torturar a Lucía".