Denuncian que este proyecto minero intenta obtener una licencia que les permita iniciar la explotación minera pese a las leyes que lo impiden. Incluso, Agua Rica, ni siquiera cuenta con un informe de impacto ambiental, requisito fundamental exigido por ley para poder avanzar en este tipo de emprendimientos. 

“Es un proyecto de muerte. Exigimos a las autoridades de la UNT que voten a favor de la vida. Debajo de Agua Rica nace el agua que nutre a todo Andalgalá. ¿Qué pasaría si un laboratorio químico transnacional se instala sobre los tanques de agua de nuestras casas?”, preguntó  Alfredo Carbonel, referente de la organización Pro-Eco. 

La UNT es socia de la explotación minera de Agua Rica a través de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) y, como tal, integra el órgano de decisión junto a las autoridades de la empresa trasnacional querellada por la Justicia por delitos de contaminación, entre otros.” YMAD necesitaría el aval de la Universidad para comenzar a usar lo que quedó de la infraestructura de la Alumbrera para este proyecto minero”, explicó Carbonel.

Desde Pro-Eco explicaron que el avance de esta iniciativa minera viola una norma establecida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a su vez, ratificó la la constitucionalidad de la Ley de Glaciares la cual protege los cuerpos de agua y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no.

“De acuerdo a la Ley de Glaciares, Agua Rica no debe funcionar ya que se establece sobre una zona denominada periglaciar que también está protegida por la mencionada norma”, agregó Carbonel.

En efecto, la ley de Protección de Glaciares establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico.

 A esto se suma la presentación judicial de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá que, a través de la abogada Mariana Katz,  del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) contra directores de YMAD y los contra consejeros que firmen a favor del proyecto  y contra la Secretaría de Minería de la Nación por mal desempeño como funcionarios públicos, según explicaron desde Pro-Eco. Por Esteban Stanich