“Tenemos miedo de que sea una desaparecida más en democracia”, dice el abogado Salvador Iovane cuando explica el estado en el que está la causa de “Lupe” (su verdadera identidad se mantiene bajo reserva), la mujer de 26 años que el mes pasado denunció al legislador Ricardo Bussi por abuso sexual. Y pareciera que en esas palabras se podría sintetizar la complejidad de este caso que empezó hace poco más de un mes pero que hasta el día de hoy prácticamente no tuvo avances por parte de la Justicia.

El abogado denuncia que desde que la mujer decidió contar públicamente lo que le había pasado, ella y su familia empezaron a recibir amenazas todos los días. Desde policías que pasaban por la puerta para pedirle dinero hasta gente armada que entraba a su casa.

Ante esta situación y la falta de respuestas legales, Iovane le planteó a la joven que lo mejor era refugiarse, y ella aceptó. Por eso hace unas semanas Lupe está viviendo en un lugar oculto al que solo su familia y el abogado pueden tener acceso.

“La situación es muy grave, porque la Justicia de Tucumán no le está dando ningún tipo de protección, entonces su vida realmente está corriendo peligro”, se alarma Iovane.

La complejidad del caso radica en que el abuso sexual que sufrió la denunciante es, en realidad, y más allá de la gravedad del hecho en sí mismo, la punta del iceberg de un entramado de violencias y acciones de amedrentamiento con las que Bussi, en complicidad con otros dirigentes de su partido, están buscando acallarla.

La denuncia que hizo la mujer a principios del mes pasado contiene dos acusaciones en una: por un lado, la de delito sexual con acceso carnal contra Bussi y, por el otro, la acusación que había llevado a Lupe hasta la Legislatura el día del abuso: una usurpación de identidad que el partido del legislador había hecho con sus datos personales para abrir una cuenta bancaria de más de medio millón de pesos: “El origen de ese cuenta viene de una operatoria mucho más oscura que una simple malversación de fondos, es una sustracción de dinero de un ente importante de la provincia de Tucumán que también incluye al poder político y a la policía”, aclara el abogado.

El 17 de junio el juez finalmente accedió al pedido de desglose por parte de la víctima para que las dos acusaciones se puedan empezar a investigar por separado. Sin embargo, a más de tres semanas de eso, la Fiscalía sigue sin realizar avances sobre el tema: “Están dejando la causa dormida, porque no se está investigando. Por eso ahora nosotros presentamos una queja ante el Juzgado”.

También resulta llamativo que ni el Gobierno tucumano ni ningún sector de la Legislatura de la provincia se han pronunciado al respecto. Este silenciamiento, sumado a la inactividad judicial y a que muchos medios provinciales tampoco se hicieron eco de la noticia, pareciera levantar la sospecha de un posible entramado político, judicial y mediático que estaría haciendo presión sobre la denuncia.

Alejandra del Castillo, integrante del Plenario de Trabajadoras Tendencia y del colectivo Ni Una Menos en Tucumán, cuenta que la Justicia tardó diez días en dar lugar a la denuncia y que, ante el pedido de protección a la víctima, enviaron a la propia policía provincial, cuando el abogado había pedido explícitamente que esta institución sea apartada de la causa: “Todo esto no es una omisión sino una cuestión de respaldo político a Bussi, porque él tiene un peso no solo por ser hijo del genocida, sino también porque es aliado del Gobierno provincial en la Legislatura tucumana: si bien en las elecciones estos dos partidos van por separado, Bussi es una pieza clave que tiene el oficialismo para votar de manera conjunta”.

Iovane agrega: “Sabemos que estamos haciendo una investigación que va contra toda la provincia, porque la estructura judicial es funcional al Poder ejecutivo y a la Legislatura, y eso es algo que se está sintiendo muy fuerte en la causa”.

El Bolsonaro tucumano

A fines del año pasado, Lupe se acercó a “Fuerza Republicana”, el partido de Bussi, porque había sufrido violencia de género por parte de su ex pareja. En el partido le dijeron que la iban a ayudar y le consiguieron un plan social a través del Estado que ella empezó a cobrar todos los meses mediante una cuenta bancaria.

Luego de un tiempo de cobrar ese subsidio, Lupe descubrió que en el banco había dos cuentas distintas a su nombre: una con el plan social y otra con medio millón de pesos. Ante esto, ella pidió que cierren la cuenta y exigió explicaciones en el partido. Ellos le dijeron que lo iban a resolver pero, al mes siguiente, cuando ella volvió al banco, vio que la cuenta seguía abierta y también que faltaba dinero.

Entonces decidió ir a encarar a Bussi a la Legislatura, y fue en ese momento cuando él abusó sexualmente de ella como una forma de amedrentarla. Lo que le sucedió a Lupe es un ejemplo más del trato de Bussi hacia las mujeres y el colectivo de disidencias.

Tucumán fue la última provincia en adherir a la Ley Micaela por la presión de los sectores afines a la Iglesia y en mayo, durante el tratamiento de esta ley, el legislador llegó a declarar: “No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer”.

Por su negacionismo ante los femicidios, Bussi recibió una denuncia ante el INADI y un pedido de inhibición moral por parte del colectivo de Ni Una Menos Tucumán y de las principales organizaciones sociales de Derechos Humanos que por supuesto también incluye al delito de abuso sexual.

Aparte de negar los femicidios, Bussi también se opone a los protocolos de la Interrupción Legal del Embarazo y a la implementación de la Educación Sexual Integral, y sigue la línea política de su padre Antonio Domingo Bussi, uno de los represores de la última Dictadura, al reivindicar el terrorismo de Estado y negar a lxs 30 mil desaparecidxs.

Luciana Gramalio, abogada integrante de Cladem y de Ni Una Menos Tucumán, explica: “La inhibición moral que solicitamos es por la denuncia de abuso sexual en su contra y también por sus recientes dichos, en los cuales menosprecia, denigra y violenta a las mujeres y a los colectivos de la diversidad. Este hecho de violencia sexual es un delito gravísimo, más aún porque a la desigualdad estructural que existe en estos casos se suma la situación de poder en la que se encuentra Bussi por ser un funcionario público. Ninguna institución democrática debe cobijar ni ser tolerante con quienes violentan a las mujeres y a las diversidades ni con quienes desprecian la lucha por la igualdad de derechos. No podemos permitir que personas que no respetan los derechos humanos sigan cumpliendo funciones dentro de una de las instituciones del Estado que tiene como fin crear y garantizar leyes que amplíen nuestros derechos”.

Además de Bussi, son varios los políticos tucumanos denunciados por violencia contra las mujeres: José Alperovich, ex gobernador de Tucumán y actual senador nacional por el Frente de Todos; José Orellana, actual intendente de la ciudad de Famaillá; Ariel García, ex legislador radical, y también otro legislador del partido de Bussi, Horacio Vermal.

Alejandra del Castillo afirma que el denominador común de todas estas causas es la impunidad, por eso la movilización popular es fundamental para poder ponerle un freno a la violencia machista y del Estado: “Casi todas las causas se encuentran paradas porque la Justicia no avanza. Con maniobras dilatorias se asegura que estos personajes sigan ocupando cargos en el Estado y prescriban las denuncias. Sólo aquellos casos que se apoyan en la movilización popular logran avanzar, como ocurrió con Paulina Lebbos, Marita Verón, o los casos de aborto de Belén y Lucía.

Por eso resulta fundamental desarrollar una campaña que incluya las denuncias de abusos impunes que involucran al régimen político, que exija justicia para las víctimas y que siga demostrando que la lucha es el único camino para lograr juicio y castigo a los culpables”./ Por Laura Litvinoff - Pagina12.com