“No desconocemos que la situación de real emergencia en la que nos encontramos es principalmente consecuencia del ajuste que veníamos sufriendo años anteriores. Frente a este escenario solamente hemos recibido, en el mes de diciembre del 2020, y tras un año y medio con el mismo arancel, un 10% de aumento, que definitivamente no nos permite desempeñar nuestra labor”, expresaron a través de un comunicado el Foro Permanente Discapacidad, Promoción y Derechos y la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad.
Según detallan allí, en el mes de junio del 2020, a raíz del incumplimiento por parte de ciertas Obras Sociales que no reconocían las autorizaciones anuales de traslados para personas con discapacidad, se creó un estimulo económico que prometía realizar un pago mensual de un porcentaje de la prestación durante el tiempo que durase el ASPO/DISPO. Sin embargo, éste solamente fue otorgado a un muy bajo porcentaje de transportistas y que además han recibido solo un mes.
“Al día de la fecha, relevamos que a causa de esta realidad económica un 30% de nuestros compañeros transportistas han abandonado la actividad, y si la misma no se revierte, se proyecta que lo hará forzosamente otro 60%. Lo que afecta y afectará directamente en la atención que reciban las Personas con Discapacidad, ya que las de más bajos recursos no tendrán forma de llegar a instituciones, terapias, etc.”, señalaron.
En este sentido, elaboraron un petitorio con 4 puntos a reclamar:
-Que se otorgue un aumento de emergencia del 30% y que el mismo sea efectivo en marzo, lo que consideramos sentará la base para trabajar conjuntamente en una recomposición arancelaria, que dignifique al sector.
-Que se reconozca el Nomenclador Nacional en toda la República Argentina, en cada Obra Social y en el Programa Federal Incluir Salud.
-En cuarto lugar, consideramos fundamental que se le dé prioridad de vacunación a las personas con discapacidad y a los trabajadores del sector.
“Exigimos al Sr. Presidente de la Nación que atienda con celeridad nuestra problemática y que actúe en consecuencia para evitar precarización, menos servicios para personas con discapacidad y nuevos desocupados”, sentenciaron.