Un grupo de vecinos de San Andrés se preparan para ir a la Justicia Federal para impedir la instalación de una planta depuradora de líquidos cloacales en esa localidad. “Estamos preparando un amparo colectivo para exigir que se respete nuestros derecho. A la par de la planta hay casas, están viviendo familias desde hace 40 años y se están entregando más viviendas en la zona. Exigimos que se respete nuestro derecho a vivir en un ambiente sano”, relató en Radio Prensa Florencia Reinoso, una de las denunciantes.

“No estamos en contra de la obra, entendemos que mejora la calidad de vida de muchos vecinos. Estamos en contra por el lugar donde se va a instalar, porque se encuentra en una zona urbana”, añadió.

Según relató reinoso, ya acudieron a la Defensoría del Pueblo de Tucumán “a pedir ayuda” y “nos respondieron con documentación respaldatoria que tenía información errónea”. Ante esta situación, también recurrieron a la Defensoría de Pueblo de Nación y la Secretaria de Medio Ambiente de Nación. “Vamos a ir a también al Instituto Americano de Desarrollo, que aporta los fondos de la obra, para que nos brinde su apoyo en nuestro planteo”.

“Hicimos también dos presentaciones judiciales que están paradas en tribunales. No nos dieron ninguna respuesta. Lo único que nos dicen es que no va a contaminar y nos explican que los olores se van a frenar con cortinas de árboles. Sentimos que nos están tomando el pelo”, agregó.

Puntualmente, denuncian la vulneración de sus derechos a un ambiente sano, derecho garantizado por la Constitución Nacional Argentina en su artículo 41. La obra en cuestión forma parte de una megaplan, que además de la planta de tratamiento de residuos cloacales a cielo abierto en San Andrés, también se prevé un proyecto de agua potable y saneamiento en centros urbanos y suburbanos, redes colectoras y colectores de Alderetes-Banda de Río Salí, que desde el gobierno sostienen brindará una mejor calidad de vida a 170.000 habitantes.

En ese proyecto se consigna que dicha planta deberá estar ubicada en una posición geográfica que “minimice el arrastre de los olores generados por la misma hacia áreas con población humana”. Consigna también dicho proyecto que “la localización debe estar suficientemente alejado de las viviendas permanentes”.

“Tan sólo usando la lógica y sentido común, cualquier persona puede afirmar que una obra cloacal de tal envergadura no puede realizarse en zonas urbanas, lindantes a viviendas y familias. El predio elegido está a sólo metros de numerosas familias que hace más de 40 años viven en esa propiedad, a menos de un kilómetro de recientes nuevas urbanizaciones y barrios sociales, y a metros de plazas y escuelas. La instalación de esta obra implica arruinar la calidad de vida y el futuro de todos los ciudadanos que vivimos en San Andrés”, sentenció Reinoso.

Entre los argumentos de las denuncias presentadas por los vecinos, se consigna el impacto negativo ocasionado por “la contaminación hídrica, sonora y ambiental, la desvalorización de nuestras tierras, el impacto a la flora y la fauna, y al paisaje. Instalar esta planta es perjudicar directamente toda expectativa de crecimiento de nuestro pueblo”.