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Repartidores celebran el fallo de la Justicia contra Rappi

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Una sentencia de la Justicia bonaerense contempló que existe relación laboral entre los cadetes y la app. “Puede ser el principio de un cambio de paradigma para la actividad”, señalaron desde el gremio de cadetes.

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó la sanción que le había impuesto a la plataforma Rappi el Gobierno de Axel Kicillof. La multa asciende a $16.000.000 por infracciones laborales, entre ellas no tener registrados a sus repartidores. La misma sentencia concede que existe la relación laboral entre los repartidores y la app, lo que puede generar un principio de cambio de paradigma para la actividad.

“Esto es un reconocimiento a la labor de miles de trabajadores que se ven perjudicados por estas empresas que cotizan en bolsa, que generan ganancias multimillonarias a costilla de los trabajadores”, señaló en Radio Prensa, Hugo Santucho, titular del gremio de cadetes ASiMM.

La sanción fue resultado de un relevamiento sobre 172 trabajadores en el marco de las inspecciones realizadas en La Plata, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza en las que se detectó la falta de cobertura en materia de salud laboral, así como la falta de pago de aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones entre más del 97% de las y los trabajadores relevados.

Para los cadetes y repartidores se trata de un fallo “muy positivo para la actividad que marcha en sintonía a la postura que venimos sosteniendo, casi en soledad, por el respeto de nuestros derechos”.

En este sentido, dijo: “No sabemos quién es nuestro jefe, no tenemos adonde reclamar nada. Para estas empresas somos esclavos de la nueva era, somos únicamente un clic. Muchos clientes hacen uso de estas APP desconociendo que detrás hay mucha precariedad, desconociendo que no tenemos obra social, no tenemos ART, no tenemos seguro, básicamente tenemos insatisfechos nuestros derechos básicos como trabajadores”.

Rappi no es la única empresa que enfrenta denuncias por irregularidades. El año pasado, ASiMM denunció ante la AFIP a PedidosYA por presunta evasión impositiva y lavado de activos. “Pedimos a la AFIP que investigue por qué no paga IVA ni Ganancias y por qué no paga las cargas sociales por los trabajadores que tiene la empresa. Sabemos que desarrolla operaciones por cifras millonarias y tienen que dar explicaciones de que se hace con ese dinero”, había señalado en ese momento Santucho, al anunciar la denuncia.

Dicha presentación fue refrendada por trabajadores de Tucumán, Chubut y Salta y mantenía como finalidad última –además de la jurídica- lograr la regularización de todos los trabajadores de esta plataforma. “La excusa para no tributar IVA es porque no han asentado un domicilio en la provincia. Además se niegan a realizar los aportes por la seguridad social de sus trabajadores y se escudan diciendo que son un nexo entre el cliente y el cadete y que no tienen trabajadores a su cargo”, subrayó Santucho en Radio Prensa.

Según aclaró el dirigente, la práctica es similar en todas las firmas: se jactan de no contar con empleados en relación de dependencia sino que contratan a trabajadores independientes (cuentapropistas) y de ese modo eluden las cargas sociales e impositivas. Sin embargo, para el gremio está hartamente probado que existe una relación de dependencia por los siguientes motivos: La empresa deposita la remuneración de los trabajadores en una cuenta, fija reglas estrictas que los trabajadores deben cumplir, fija las condiciones de la actividad, puede desactivar –despedir- a los trabajadores unilateralmente, fija los precios de los envíos, entre otros puntos. Ahora, el fallo de la justicia bonaerense les da la razón.

En total, en Tucumán son 800 trabajadores los que prestan servicio en las 4 aplicaciones de pedidos que operan en nuestra provincia: PedidosYa, Rappi, Glovo y RapiBoy. Ninguno de ellos logra estabilidad producto de que no existe una regulación clara para esta actividad. Por tal motivo, también le solicitan a la Legislatura tucumana la creación de una ley que garantice los derechos de los cadetes.