La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó este lunes una demanda en la que reclama que se le ordene al Estado Nacional, al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, a la Procuración General y a la Defensoría General de la Nación que se suspenda la aplicación la nueva reglamentación de la ley de Ganancias en sus sueldos.

Según la presentación los jueces sostuvieron que la nueva ley es “inconstitucional” y “menoscaba derechos adquiridos”. El escrito que lleva la firma del juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación, exigió el dictado de una medida cautelar -previa habilitación de la feria- por entender que la nueva normativa afecta la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y el funcionamiento en sí del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensoría Pública.

“El Poder Judicial no puede ser cómplice de este avasallamiento y convertirse en un ‘acompañante’ más de los caprichos del Poder Legislativo Nacional y/o del Poder Ejecutivo Nacional” que con esta normativa “desconoce la división de poderes”, se sostuvo en un tramo de la presentación.

En ese contexto, la entidad que nuclea a los jueces pidió que se “declare la inconstitucionalidad y/o invalidez jurídica y/o ilegitimidad de la ley 27743″ para el universo de miembros de la asociación en todo cuanto resulte materia de agravio y se mantenga el actual escenario.

El escenario

Los jueces federales y nacionales, fiscales, defensores y empleados no pagan el impuesto a las Ganancias. Salvo aquellos que ingresaron a la órbita del Poder Judicial a partir de 2017. Fue el acuerdo al que se llegó durante la gestión de Mauricio Macri tras una intensa pulseada que terminó con el compromiso de que los que fueran llegando a sus puestos sabían que iban a pagar ese tributo.

Se trataba de un protocolo en donde los descuentos eran menores para aquellos que ya pertenecían al Poder Judicial antes de ascender. La idea original es que en algún momento, con las vacantes a ocuparse, con el correr de los años el mundo de los que pagaban terminara siendo el mayoritario. Pero eso no ocurrió. Y, al mismo tiempo, avanzaron reclamos individuales de nuevos jueces que, sabiendo que los iba alcanzar ese tributo, fueron igual a tribunales: reclamaban que hacían las mismas funciones que sus colegas y cobraban menos, o incluso empleados subalternos percibían cifras igual o mayores que ellos.

Este escenario vino ahora a sacudirse con las nuevas modificaciones en el impuesto a las Ganancias, que entró en vigencia este lunes.

La versión aprobada llevó el mínimo no imponible a $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos.

La nueva demanda

La Asociación de Magistrados sostiene que esta nueva reglamentación “menoscaba los derechos adquiridos por los miembros al amparo de los preceptos instaurados por el ‘Protocolo de procedimiento para la retención de Impuestos a las Ganancias sobre las remuneraciones de los magistrados funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación nombrados a partir del 2017′”.

El reclamo sostiene que la nueva normativa “viola la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los asociados a mi representada y configura un avance ilegítimo de los otros poderes del Estado Nacional sobre la Magistratura creando una situación de desigualdad y discriminación entre todos aquellos que integran el Poder Judicial de la Nación y los ministerios públicos en sus diferentes estamentos”.

En ese contexto, la Asociación reclamó el dictado de una medida cautelar (sin correr traslado al Estado Nacional para que haga su informe) y consecuentemente se ordena el Estado Nacional, al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, a la Procuración General y la Defensoria General que se “abstengan de aplicar la ley 27743 en cuanto a menoscaba los derechos adquiridos por los miembros de esta asociación” hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de esa norma, demanda que será presentada en los próximos días.