Tras la propuesta del gobernador Osvaldo Jaldo de avanzar con una reforma constitucional, un sector del oficialismo identificado con el vicegobernador Miguel Acevedo respondió de inmediato y presentó en la Legislatura un proyecto que declara la necesidad de convocar a una Constituyente.
Se trata de una modificación parcial impulsada los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Javier Noguera, Pablo Yedlin, Christian Rodríguez y Alberto Olea, en la que proponen distintas reformas en los tres poderes del Estado.
Para la Dra. Carmen Fontán, una especialista reconocida en materia constitucional, el proyecto viene mal gestado desde su origen. Aún antes de analizar los puntos importantes que se plantean reformar, la abogada cuestionó el mismo hecho de que se haya presentado un proyecto "tan rápido" y sin antes haber buscado alcanzar consensos con todos los bloques políticos y las asociaciones intermedias de la sociedad.
"Si no está precedido de acuerdos y consenso político, seguramente va a terminar judicializado como pasó en el 2006. Parece ser que los legisladores lo han olvidado, porque nos hemos desayunado con un proyecto de reforma parcial de legisladores del oficialismo, con lo que el proceso de consensos quedó de lado", señaló.
En cuanto al proyecto en sí, Fontán señaló que ninguno de los temas que se exponen justifica reformar la Constitución. "Si decimos que vamos a reformar la Constitución pero solo vamos a eliminar el sistema de acoples, no es necesario avanzar en una reforma. Los acoples no son una obligación constitucional, de manera que puede ser reglamentado con el sistema de boleta única, que es a lo que aspira la ciudadanía. Eliminar los acoples no justifica poner en funcionamiento un proceso constituyente, que es un proceso largo y costoso", sostuvo.
Información pública
Sobre este tema, resaltó que también puede hacerse por ley y recordó que "todos los años pierde estado parlamentario". "También se puede transparentar y reducir el gasto público sin tocar la Constitución. Se tiene que hacer desde la revisión de la cuenta de inversión, cosa que la Legislatura no hace nunca, y que es básicamente la rendición de cuentas de lo que se gasta y lo que ingresa a las arcas del Estado", agregó.
Además, aseguró que la coparticipación, el sistema contravencional, ética pública y transparencia política, son todos temas que se pueden modificar por ley.
Modificaciones del Poder Judicial
La iniciativa oficialista también plantea algunas reformas al Poder Judicial, siendo quizás las más llamativas apunta a la eliminación de la feria judicia, un control psicofísico y la capacitación constante.
Sobre el primer punto, Fontán sostuvo que "se puede eliminar o modificar perfectamente modificando la ley orgánica del Poder Judicial". Asimismo, señaló que existe "una escuela en el Poder Judicial que asegura que los jueces estén siempre actualizados, con lo cual tampoco es un motivo para modificar la constitución"
Y consideró que hay temas importantes, como la integración de la Junta Electoral, declarada nula por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, o la posibilidad de obligar a los funcionarios a tomar licencia para participar de campañas electorales, que deberían estar bajo análisis, pero no fueron puestos como necesidad de reforma.
Por otro lado, subrayó que hay garantías que protegen al los funcionarios judiciales que surgen de la Constitución Nacional y que son obligatorias en el ámbito de todas las provincias. Ante lo cual sostuvo que "tenemos que tener mucho cuidado con agregar cláusulas en el texto constitucional que puedan ir en contra de la Constitución Nacional, porque van a terminar judicializadas".
En definitiva, para la especialista, ninguno de los temas apuntados a reformar -según el proyecto que se dio a conocer- justifica convocar a un proceso constituyente y someter a la población a un gasto innecesario.
