El derecho a la información pública es el derecho que tiene toda persona a buscar y recibir información en manos del Estado, de sus empresas, organismos descentralizados y cualquier entidad, pública o privada, que reciba fondos públicos. De esta manera, las personas pueden conocer las transformaciones que impulsa el Estado, cómo trabaja y qué bienes y servicios pone a disposición.
Una ley en este sentido, garantiza además el acceso a información presupuestaria, de control y administración de recursos, lo que permite que la población pueda monitorear el desempeño de la gestión y participar en el desarrollo de políticas para mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Según reza la normativa nacional sancionada en 2016, "garantizar el acceso a la información permite que todos y todas puedan ejercer derechos como la salud, educación, justicia, entre otros".
Tucumán es una de las cuatro provincias que no poseen una normativa específica que facilite el acceso a la ciudadanía y obligue al gobierno a poner al alcance de todos la información sobre las acciones que impulsa el Estado, cómo trabaja y qué bienes y servicios distribuye. Esto dificulta además la obtención de información presupuestaria y de administración de recursos. Por tal motivo, el presupuesto anual y su ejecución suelen ser un misterio para la población.
Es por este motivo que, por ejemplo, se desconoce cuantos trabajadores tienen las comunas, cuanto perciben de salario, que montos se destinan para qué obras específicas en esos lugares, entre un montón de otras erogaciones que efectúa la Administración Pública.
