“En la Escuelita de Famaillá se dio de baja a una designación de una trabajadora y hoy nos pone en una situación muy grave en este espacio de la memoria”, afirmó Albarracín.
“El Estado tienen una responsabilidad con sus trabajadores y verificar qué función cumple cada trabajador. Estas personas fueron puestas en funciones y cumplieron. Y todo esto nos deja en estado de alerta. Esperemos que el Estado provincial intervenga”, agregó la abogada.
“Hay que pensar en la familia de los trabajadores y cómo se sostiene cada espacio. Estamos hablando de un centro educativo que cumple con los diseños curriculares para que los chicos estudien desde una formación vinculada a la memoria y los derechos humanos”, sostuvo.