Días atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni dio la pauta acerca del espíritu con el que el gobierno encara la demorada reglamentación del capítulo de “modernización laboral” de la Ley Bases. Sin tapujos, aseguró que “estamos a favor de la libre contratación, incluso si fuese una jornada laboral de 12 horas”.

Si bien la duración de la jornada laboral no forma parte del debate actual, sí está en la carpeta del gobierno bajo la forma del ‘banco de horas’, que sí figura en el texto del DNU 70/23, redactado por el ahora ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.


Una larga espera

El exfuncionario sin cartera tuvo una participación destacada en las reuniones del Diálogo Social que organizó la cartera de Capital Humano, sobre todo, desde que la CGT decidió no participar e interrumpir, al menos formalmente, sus negociaciones con el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La demora en la reglamentación del Título V de la Ley Bases, cuando se esperaba que avanzara en forma casi inmediata, llama la atención y se atribuye a la supuesta preocupación del Poder Ejecutivo de evitar una judicialización de la norma.

Para eso, Cordero y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habrían generado un acercamiento con el ala dialoguista de la CGT. Eso explicaría el silencio en el que se enfrascó la central obrera hace ya un mes cuando reunió por última vez a su Consejo Directivo (ver recuadro).

La lapicera, en manos empresarias

Desde el sector empresario el camino está relativamente allanado. Sturzenegger adelantó que “se viene más libertad” y aseguró que el mensaje explícito a los dirigentes patronales fue que presentaran su propuesta de texto para la reglamentación y que el gobierno se limitaría a evaluar su consistencia jurídica para luego ponerla en práctica. Desde la Secretaría de Trabajo confiaron a Tiempo que los contenidos ya están definidos y el texto está en consideración de la Secretaría Legal y Técnica.

El Título V de la Ley Bases ya está vigente en muchos de los artículos que, por su naturaleza o el alcance de su redacción, no exigen reglamentación, por lo que rigen desde el 8 de julio cuando fue publicado en Boletín Oficial.

Es el caso de la exclusión de los contratos de servicios del ámbito de la Ley de Contratos del Trabajo; también de la no presunción de relación laboral para los autónomos que emitan facturas; la ampliación del período de prueba hasta seis meses; y la eliminación de multas o agravamientos indemnizatorios por trabajadores no registrados, entre otros muchos puntos.

Las controversias

Sin embargo, son muchos los artículos que exigen una reglamentación que hile más fino en su aplicación y alcances. Los menos problemáticos, por ejemplo, consisten en los mecanismos de registración y denuncias que involucran a la AFIP, la que debe generar los instrumentos digitales para tal propósito.

Los artículos más controvertidos resultan aquellos cuya aplicación deriva en una discusión de los convenios de trabajo, como la ampliación del período de prueba hasta los ocho o 12 meses, o la incorporación del Fondo de Cese Laboral en remplazo de las indemnizaciones. Lo mismo aquel que pone fin a la responsabilidad solidaria con el trabajador de una empresa que subcontrata a otra para determinadas tareas que, como mínimo, deben ser especificadas.

También aquellos que implican una limitación de la actividad sindical como la consideración de “grave injuria laboral” (causal de despido) a acciones sindicales como bloqueos u ocupaciones y la derogación de la prohibición de los despidos discriminatorios, entre los que se encuadran aquellos por motivos políticos y sindicales.

Todos ellos chocan con derechos consagrados en normas de igual jerarquía, como la Ley de Contratos del Trabajo, o mayor, como la Constitución Nacional o tratados internacionales.

Lo mismo ocurre con la habilitación para contratar de hasta tres trabajadores bajo la categoría de colaboradores, que los empresarios reclamaron que sea aplicable también para aquellas actividades encuadradas en convenios colectivos existentes.

La naturaleza del vínculo laboral

El punto resulta controversial porque implica, en los hechos, el reconocimiento de la caducidad de la “irrenunciabilidad” de derechos que, presente en el DNU 70/23, fue bloqueada por la Justicia y quedó en suspenso.

El concepto indica que el trabajador no puede resignar sus derechos por decisión individual. Su vulneración implicaría abolir el carácter universal de los convenios colectivos y golpear en la médula del poder sindical. Más de fondo, cuestiona la naturaleza del derecho laboral que parte de reconocer una relación asimétrica en el mundo del trabajo y, de allí, la refutación al concepto de una “negociación entre partes iguales”.

Cuando la reglamentación vea la luz, se pondrá blanco sobre negro el grado de influencia directa de las cámaras empresarias y la que, en las sombras, pudo ejercer la CGT. Si el panorama es muy adverso, se verá obligada dar una respuesta en el terreno que le es propio: la protesta gremial y callejera. «

El silencio de la CGT
Desde el 25 de julio, cuando reunió a su Consejo Directivo, la CGT se mantiene en silencio. En aquella reunión definió interrumpir el diálogo social con el gobierno en respuesta a los desplantes recibidos en el debate por el salario mínimo y la reglamentación del impuesto a las Ganancias.

En la conferencia de prensa posterior anunciaron la convocatoria a un plenario de secretarios generales de las regionales de la CGT y comprometieron su participación en la marcha de la UTEP por San Cayetano del 7 de agosto. Allí, ninguno de sus secretarios generales hizo uso de la palabra.

En los casi 20 días que pasaron desde entonces dejaron trascender supuestas reuniones de “mesa chica” que, sin fecha anunciada y si se realizaron jamás se comunicaron sus conclusiones. Tampoco anunciaron la convocatoria al plenario de secretarios generales resuelto por su Consejo Directivo hace un mes.

El gobierno publicará casi con seguridad esta semana la reglamentación de la reforma laboral. Difícil que ese silencio pueda sostenerse.