A través del Decreto 765/2024, el Gobierno modificó la normativa que regula la propiedad intelectual en Argentina. La ley asegura que los autores de obras literarias, musicales, dramáticas y cinematográficas, entre otras, tengan el control sobre el uso de sus creaciones, permitiéndoles autorizar o prohibir la reproducción, distribución y ejecución pública de las mismas.
La medida de Milei modifica el Decreto N° 41.223/34, que regula a Ley N° 11.723 (Propiedad Intelectual), en dos aspectos clave. Por un lado, el nuevo artículo 33 que establece que la ejecución pública -por lo tanto pasible de cobro- es "aquella que se efectúe -cualquiera que fueren los fines de la misma- en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas". Esto incluye ejecuciones realizadas en vivo por artistas, como las que se realizan a través de medios mecánicos, electrónicos o digitales, pero excluye de manera deliberada toda reproducción de contenidos en el ámbito privado de la actividad hotelera y turística, así como las fiestas o eventos de caracter privado.
Para el dueño de la editorial Alma Music, Gonzalo Soraire, la medida es avasallante de los derechos de los autores y las editoriales que los representan, ya que según explicó, esto habilita a que salones de fiesta y otros negocios exploten el trabajo de los autores sin tener que abonar por el lucro que obtienen producto de esa explotación.
"El verdadero ámbito privado es donde no hay fines de lucro, pero si alquilas un salón, el propietario del mismo tiene que considerar que uno de los servicios que brinda es la música. Así como se considera el servicio de catering y la comida, la música también es un servicio que alguien hizo y que tiene un costo. Los artistas y los autores tienen derecho de cobrar", señaló.
En respuesta a los trolls libertarios que intentaron introducir en la opinión pública que el gobierno redujo un impuesto, Sorarie aclaró que SADAIC no cobra impuestos, ya que no es ni siquiera un organismo del Estado. Por el contrario, se trata de una organización sin fines de lucro que se encarga de recaudar el pago por el uso de las canciones y que cada 4 meses distribuye el dinero que corresponde a cada autor como compensación por la utilización de su trabajo.
"Es una falta de respeto y una ignorancia total de parte del presidente", sentenció.
