El abogado defensor del ex basquetbolista Emanuel Ginóbili solicitó a la Justicia dar curso al juicio por la usurpación de un predio que el deportista adquirió en 2004 y que fue ocupado por la conflictiva comunidad mapuche Paichil Antriao, cuyos integrantes se instalaron en el sitio y desde allí amenazaron a los compradores del espacio.

Cuando se concretó la operación, los representantes de los pueblos originarios no estaban instalados allí, sino que lo hicieron una vez que tomaron conocimiento del proyecto que Ginóbili pretendía para la zona.

El lote tiene 13 hectáreas, está ubicado en inmediaciones del lago Correntoso, sobre una de las laderas del cerro Belvedere y fue adquirido para lotearlo en 24 parcelas. Sin embargo, la irrupción de los “encapuchados” se produjo luego de esa compra y entorpeció el proyecto inmobiliario del ex jugador de la selección nacional y de San Antonio Spurs.

La comunidad mantiene conflictos territoriales con privados de Villa La Angostura, está en juicio con el municipio local e incluso bloqueó la construcción de la ruta de Circunvalación, que fue ideada para evitar la circulación de camiones chilenos por el casco urbano de la localidad turística. Uno de los privados afectados por el avance mapuche, incluso, optó por cerrar un complejo alojativo por los conflictos que durante años mantuvo con los integrantes de la lof Paichil Antriao.

El municipio angosturense busca recuperar el manejo de un cámping estatal, que también está en manos de la misma comunidad. A pesar de los recursos judiciales, los mapuches rechazaron el planteo de abandonar las tierras.

Se creó una instancia de diálogo aunque el ex deportista – que tiene otros emprendimientos inmobiliarios en la región- optó por seguir adelante con la causa judicial, debido a la prolongación del conflicto. El objetivo es lograr el desalojo forzoso del espacio.

Los mapuches aducen que su presencia en el territorio data de cientos de años, aunque al momento de concretar la operación no se registró su presencia en el territorio.

Una situación similar ocurrió cuando se comenzó a ejecutar la obra de la ruta de Circunvalación. Los técnicos diseñaron la traza, que comenzó a ejecutarse, aunque durante el avance de la obra se encontraron con integrantes de la misma comunidad que, en una clara actitud oportunista, se instalaron en el trayecto de la ruta. Su presencia obstaculizó la ejecución de la misma.

En el marco de ese conflicto, máquinas viales de la firma que tiene a su cargo la construcción, fueron vandalizadas e incendiadas, atentados que fueron adjudicados por la misma comunidad que tiene conflictos con Ginóbili.

Una vivienda ubicada dentro del predio que adquirió Ginóbili fue usurpada por los integrantes de la comunidad Paichil Antriao, quienes se escudaron en un supuesto “resguardo territorial” para impedir el desarrollo del emprendimiento inmobiliario. El ingreso de los mapuches a esa construcción data de junio de 2018.

El ex jugador solicitó a su representante legal que avance con la causa judicial y enjuicie a siete miembros de la comunidad mapuche, quienes están imputados por la usurpación del lote y por el delito de amenazas.

La presentación estuvo a cargo del abogado Jorge Ernesto Mena, quien presentó formalmente la solicitud ante la Oficina Judicial de Villa La Angostura, argumentando que la suspensión previa del proceso debe cesar debido a la imposibilidad del Departamento de Mediación del Ministerio Público Fiscal de llegar a un acuerdo con los acusados.

La instancia de conflicto tuvo varias etapas. En una de las últimas, que comenzó a fines de 2018, el fiscal general de Neuquén José Gerez intentó mediar en el conflicto y mediar entre las partes. El intento de mediación no prosperó, lo que llevó a la suspensión provisional del juicio, originalmente programado para febrero de 2020.

Fuentes con acceso al expediente confiaron en que el objetivo de Ginóbili es recuperar la posesión del predio usurpado, resolver el conflicto y avanzar en el desarrollo del emprendimiento.

En el camino, los mapuches presentaron numerosos recursos para extender su estadía en tierras ajenas, tal como lo hicieron este año en el marco del conflicto que mantienen con el municipio local por la explotación de un cámping que pertenece al estado local.