Pese a las fuertes críticas de casi todo el arco político opositor, más de 70 organizaciones de la sociedad civil y periodistas afines al Gobierno de Javier Milei el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó este viernes que el Ejecutivo mantendrá el decreto que limita el acceso a la información pública. "Nos han preguntado qué marca de té tomamos, qué raza y color de mascotas tenemos, si nuestras mascotas son felices, cosa que no tiene por qué importar”, se quejó Adorni.

Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero argumentó que la medida es para sostener "el espíritu de la ley", que -según indicó- se basa en "acceder a la información del Gobierno, pero que esto no vaya en contra de la privacidad de los funcionarios". “Nos preguntaron si Alberto Fernández cursó la Ley Micaela, cuántas materias dicta en la UBA. Queremos terminar con esto de consumir mucho recurso público y que no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa”, remarcó, y detalló que durante la gestión libertaria esas consultas "se han multiplicado por 10".



Adorni sostuvo que los funcionarios del Ejecutivo son "los primeros" en querer "defender la transparencia y la honestidad" y que la sociedad esté "enterada de todo". "Esto no va en contra de la información, simplemente tratar de ordenar esto que se pregunten cosas que no hacen a la utilización de fondos y a la honestidad del funcionario y que concentra muchos recursos pata atender este tipo de cuestiones. Incluso no se han recibido judicialización ni amparos por ningunos de estas respuestas”, señaló.

Por su parte, el vocero desacredito las recientes declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien hizo alusión a posibles cambios al decreto. “Francos dijo que estamos dispuestos de hacer cualquier modificación en una ley o de cosas que estén mal, pero no es en este caso que vaya a ocurrir. No quita que haya una aclaración adicional”, resaltó.

Mientras la administración de Milei se jacta de impulsar la libertad de expresión, el Gobierno nacional publicó en la madrugada de este lunes un decreto que determina algunos cambios en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Las modificaciones se oficializaron a través del decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial.

La normativa reglamenta el artículo 1° de la Ley N° 27.275, sancionada en el 2016, en lo relacionado con el principio de “buena fe” y establece: “La violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Este artículo fija que “el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización”.

A través de la firma del Presidente y de Francos, la gestión libertaria también modificó el alcance de las definiciones de “información pública” y “documentos”.

Con respecto a la primera, el artículo 3 señala que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”.

Dentro de estos, se encuentran: funcionarios de la administración nacional, miembros del Congreso, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Pública Fiscal, el Consejo de la Magistratura, las empresas y sociedades del Estado, concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, entre otros.