El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución, mediante el cual expresa el “más enfático rechazo” a las manifestaciones del presidente Javier Milei, quien durante una entrevista en el canal LN+ (emitida el 2 de septiembre) sugirió que como condición para brindar conferencias de prensa enviaría una ley al Congreso para que los periodistas sean declarados personas políticamente expuestas y presenten una declaración jurada de bienes a los efectos de que “puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”.
Para el legislador de Encuentro Federal, esto representa “una concreta amenaza a quienes ejercen un rol fundamental para el sistema democrático, incumpliendo con la obligación constitucional de garantizar la libertad de expresión, tanto en su nivel individual como en su dimensión colectiva”.
En la iniciativa, acompañada por su par Mónica Fein, el santafesino resaltó que “la libertad de informar, en particular la que se refiere a asuntos de interés público, cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural”.
“El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión en nuestras sociedades. La obligación del Estado es la de propiciar un entorno seguro, sin riesgos, para la libertad de prensa”, añadió en este sentido.
Paulón subrayó que “desde el inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei periodistas, medios de comunicación y trabajadores de prensa en general han sido foco de hostigamiento, señalamiento y campañas de desprestigio y agresión verbal por parte del presidente y sus funcionarios de gobierno, ya sea en las escasas entrevistas que otorga a medios o comunicadores afines, comunicados oficiales, las ruedas de prensa del vocero presidencial o publicaciones a través de redes sociales”.
“Estas actitudes se han vuelto habituales por parte de un presidente de la Nación que no tolera la mínima crítica o disidencia, desacredita y califica de excremento a quienes no comulgamos con sus ideas o aspiramos a un modelo de país que se encuentra en las antípodas de su pensamiento dogmático, no admite el pensamiento crítico y pretende imponer una única voz. Pero tratándose de un ataque manifiesto y sistemático al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, la intolerancia gubernamental adquiere una dimensión aún mayor en una sociedad democrática”, apuntó.
En los fundamentos del proyecto, el diputado mencionó que “de un total de 108 casos registrados de ataques a periodistas en lo que va del año, según informa FOPEA en su monitoreo permanente, 1 de cada 3 (29%) tienen como agresor al presidente de la Nación”. Estos datos también se revelaron durante la última reunión de la Comisión de Libertad de Expresión.
“La gravedad de las continuas manifestaciones agraviantes y cercenatorias del libre ejercicio de la labor periodística y la pluralidad de voces por parte de quien reviste la investidura presidencial requieren que esta Honorable Cámara se exprese de manera firme y contundente. Es de suma trascendencia que este Cuerpo reafirme el compromiso con las responsabilidades asumidas en materia de derecho internacional de los derechos humanos y la defensa de un modelo de sociedad democrática justa e igualitaria”, concluyó en sus argumentos.
