El gobierno utiliza la esencialidad como arma para privatizar Aerolíneas

- -
La medida que rige desde esta semana limita seriamente el derecho a huelga, en momentos en que todos los sindicatos que nuclean a trabajadores vinculados a la actividad aeronáutica mantienen un conflicto con la empresa y el gobierno. Desde APA se preparan para llevar la lucha a tribunales.

El conflicto salarial en Aerolíneas Argentinas se profundiza cada día más. Mientras el gobierno insiste en imponer actualizaciones por debajo de la inflación y avanza en el despido encubierto de cientos de trabajadores, todos los sindicatos se mostraron unidos en el reclamo, que en este punto dejó de ser solamente por mejores salarios y apunta a "proteger a la empresa de las intenciones privatizadores de Javier Milei".

En este marco, este lunes el gobierno redobló la apuesta al publicar en el Boletín Oficial el decreto que declara a la actividad como servicio esencial, restringiendo el derecho a huelga. Según el documento firmado por el presidente Javier Milei, cualquier medida de fuerza impulsada por los sindicatos debe ser comunicada por lo menos 5 días antes de su ejecución, debiendo garantizar en todo momento una prestación del 50%. Es decir, los días de huelga, la mitad del total del personal debe trabajar.

Tras conocerse los detalles de la normativa, todos los sindicatos, a través de sus abogados, comenzaron a preparar sus escritos para presentar ante la Justicia para pedir la nulidad del decreto por considerarlo ilegal.

Al respecto, Juantorena indicó en diálogo con Primera Fuente que declarar a la actividad como esencial está prohibido por la OIT, porque no se afectan derechos esenciales ni tampoco se trata de una actividad cuyo cese pueda poner en riesgo la salud o seguridad de la población. De hecho, la OIT también indica que para los casos en los que si es recomendable restringir la posibilidad de realizar huelgas, se debe garantizar una instancia de mediación que permita que los trabajadores tengan satisfechas todas sus necesidades.

Esto último apunta a que el Estado debe ser garante de que las empresas, ya sean públicos o privadas, y los organismos gubernamentales, entre otros, cumplan con todas las exigencias de las leyes que regulen la actividad, protegiendo las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

Es justamente la falta de cumplimiento de este punto lo que motivó la reacción de todos los sindicatos. Desde APLA (Pilotos), por ejemplo, denuncian que perdieron un 77% frente a la inflación y que ante el pedido de recomposición, la respuesta fue de una total intransigencia y "falta de respeto". "Nos ofrecieron un 0%", señalaron.

Desde APA (Personal Aeronaútico), por su parte, vienen acompañando el planteo de los otros sindicatos, pero por ahora se mantienen expectantes porque se encuentran en Conciliación Obligatoria (CO). "Ya estamos comenzando a coordinar acciones con los sindicatos unidos, porque no hay una intención de la empresa de buscar una solución. Normalmente cuando hay una conciliación, las partes se reunen para dialogar, pero aquí no ha pasado", contó Juantorena.

La conciliación es un instituto legal con el que cuenta el gobierno para volver un conflicto a fojas cero y convocar a las partes a una mediación obligada, con el objetivo de resolver la disputa sin que haya medidas por parte de ninguno de los involucrados en un máximo de 20 días hábiles.

Pero como la CO esta próxima a vencerse y todavía no hubo ni una sola citación por parte de la Secretaría de Trabajo, desde el gremio sospechan que el instrumento se utilizó para ganar tiempo, pero que no hay ninguna intención ni del gobierno ni de la empresa en dar respuestas a los pedidos del sector.

En este sentido, Juantorena consideró que el congelamiento de los salarios, la disminución del personal, la apertura indiscriminada de los cielos y la reducción de operaciones de Aerolíneas Argentinas, tiene como objetivo entregar las rutas que controla la empresa estatal y, como objetivo de fondo, privatizarla. "Están entregando la soberanía", sentenció.