Este miércoles se llevó a cabo la reunión de labor parlamentaria entre los líderes de los bloques políticos del Concejo Deliberante, conclave en el que se definieron los temas que ingresarán en el orden del día de la sesión de este jueves. En total son 10 los proyectos, pero el que ocupará mayor espacio durante el debate es, sin lugar a dudas, el que estipula una suba del 37% en el precio del boleto.
La iniciativa, que se consensuó con los empresarios de AETAT, llega con dictamen firmado por todos los miembros de la comisión de Transporte. En este sentido, el presidente de la comisión, José María Franco, informó que, en caso de ser aprobado en el recinto -lo cual es prácticamente una realidad-, el boleto urbano costará $950 (hoy está en $690).
El avance del tema en el cuerpo deliberativo forma parte del compromiso asumido por el municipio de San Miguel de Tucumán con los empresarios del sector, para resolver la crisis que atraviesa el transporte público de pasajeros y que se convino luego de la presión que ejercieron desde AETAT, cuando advirtieron que reducirían significativamente la frecuencia y depedirían a cientos de choferes. La estrategia involucró incluso al gobierno de la provincia, desde donde dijeron que no moverían un dedo ni aportarían un peso más.
Una vez que esté aprobado el proyecto de Ordenanza, será la intendenta Rossana Chahla la que con la promulgación cierre el trámite administrativo para que los usuarios empiecen a pagar $950 por cada pasaje. Para dar ese paso, Chahla cuenta con un plazo de 8 días hábiles, luego de los cuales el nuevo cuadro entraría en vigencia en forma automática. No obstante, se especula con que el nuevo valor del boleto podría comenzar a regir desde el fin de semana o a más tardar el lunes.
Como atenuante para los usuarios, el concejal Franco aseguró que en esta ocasión la suba tendrá una condición que no se venía imponiendo a las empresas: deberán mejorar la calidad del servicio, empezando por el estado de las unidades y la frecuencia, y a futuro también debiendo renovar la flota.
Por primera vez en mucho tiempo, desde el Concejo Deliberante hablan de controlar de manera rigurosa -lo que será tarea del Ejecutivo- el estado del servicio y exigir a los propietarios que cumplan con las ordenanzas. En el medio, también se debate la continuidad de la prestación y la declaración de emergencia de la actividad, que otorgaría herramientas al Municipio para acelerar el envío de los pliegos para llamar a licitación por las 14 líneas urbanas. No obstante, los ediles decidieron no adelantar el proceso, por lo que ese tema no ingresó en el temario de este jueves.
