La docencia universitaria y preuniversitaria de las universidades nacionales de todo el país realizará un paro nacional de 48 horas este jueves 26 y viernes 27 de septiembre. Durante esos días, se desarrollarán diversas acciones de visibilización preparatorias de la gran marcha federal universitaria del 2 de octubre, que tiene como consigna rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

"Las políticas de este gobierno apuntan a la privatización y el arancelamiento de las universidades. Probablemente todavía no se animan a declararlo, pero con este presupuesto las universidades no pueden funcionar", expresó Diego Toscano, secretario Adjunto de la ADIUNT.

El dirigente consignó que en este escenario, "están llevando a que las universidades tengan que recurrir a recursos propios, que no vienen del estado, sino del bolsillo de los estudiantes". En este sentido, denunció que "se les está cobrando arancelamiento encubierto a los estudiantes, llegando al absurdo de cobrar para cursar determinadas materias y en algunos lugares solo pueden elegir comisión quienes pueden pagarlo".

"Los rectores y algunos decanatos se convierten en correa de trasmisión de esta política de arancelamiento. Esta política de vaciamiento presupuestario de este gobierno lleva encubierto una intención de privatizar definitivamente las universidades", concluyó Toscano.

La de octubre será la segunda marcha federal para reclaman un mayor presupuesto para las universidades públicas. El pasado 23 de abril se concretó una movilización con un millón de personas en las calles a lo largo y ancho del país, que obligó al gobierno a pactar con los rectores un aumento del presupuesto para los gastos de funcionamiento, pero se dejó afuera del cálculo a los salarios de docentes y no docentes, que representan casi el 90% de la inversión total para la educación superior.

Según reclaman los gremios, los salarios se vienen deteriorando mes a mes, perdiendo en lo que va del año gran parte del poder adquisitivo. Además, denuncian que el gobierno pretende anular la paritaria, decidiendo de manera unilateral y por decreto subas por debajo del índice inflacionario.

Tal es el ajuste que el Consejo Interuniversitario Nacional se declaró en emergencia presupuestaria para acompañar los planteos sindicales. En un comunicado firmado por los rectores constataron que los aumentos decretados por el gobierno actual desplazaron a más del 85% de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza.

Según un informe de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), hasta julio de este año los docentes habían recibido una actualización del 56,97%, frente a una inflación acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei del 134,54%. Es decir, una diferencia del 77,57%, lo que representa una pérdida real del 33,33% del poder de compra de los salarios.