Este jueves se llevó a cabo una nueva sesión legislativa, la cual tuvo como tema sobresaliente la adhesión de Tucumán al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Luego de una caldeada discusión, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo fue aprobada, pero no sin antes consensuarse algunas modificaciones.
La norma ofrece una serie de beneficios fiscales y exenciones impositivas para lograr que lleguen a la provincia inversiones superiores a U$S 200 millones orientadas a la forestoindustria, el turismo, la minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
El proyecto original contemplaba los beneficios por 30 años, pero tras la conclusión de que "no hay que regalarse" se fijó el límite en 8 años, con posibilidades de extenderlo por una única vez.
El otro punto que generó polémica, y que motivó una multitudinaria protesta en el ingreso del palacio legislativo, es que el RIGI, tal y como se aprobó a nivel nacional, deroga cualquier ley que atente contra la inversión, incluidas las normas ambientales vigentes.
Atendiendo los pedidos de sectores ecologistas y de comunidades originarias, se decidió la eliminación del artículo que determinaba la derogación de la Ley 7.879, que prohíbe la minería metalífera en Tucumán. En su lugar se dejó abierta la posibilidad de la exploración minera.
Sobre este punto también hubo cuestionamientos reiterados de que la iniciativa por el RIGI no haya contado con tratamiento en la comisión de Medio Ambiente, ignorando el reglamento mismo de la Legislatura. Como se trata de un tema con un fuerte impacto medioambiental, correspondía su tratamiento en la comisión pertinente.
Si bien el mantenimiento de esta norma de protección ambiental fue celebrada por las organizaciones que se dieron cita a la hora de la sesión, advirtieron que la discusión no está del todo cerrada. "Si la exploración da como resultado que se puede avanzar en la explotación, tenemos que estar atentos a que no quieran impulsar otra ley que deroge la protección ambiental contra la minería", sostuvo el ambientalista Mauricio García Villanueva.
Además, el especialista aseguró que, contrario a lo que argumentó el oficialismo, no existe ninguna evidencia de que la exploración minera no genere daños al medio ambiente. "Nadie se atrevería a decir que la exploración es una actividad sustentable", senteció.
