A través del decreto 847/2024, el gobierno de Javier Milei oficializó la reforma laboral que había sido aprobada por el Congreso y que sienta las bases de un sistema de flexibilización a favor de la explotación empresaria y de pérdida de derechos de los trabajadores. Entre los puntos más destacados de la medida se encuentra el blanqueo para empleadores, la eliminación de multas y sanciones al empresario precarizador, la creación de la figura del trabajador independiente colaborador y la posibilidad de incorporar en los convenios colectivos un fondo de cese laboral que reemplace a la indemnización.
Sobre el primero de los puntos, el Dr. Mario Ackerman, un abogado especializado en Derecho Comercial y Laboral, explicó que se trata "de un blanqueo tradicional, al que solo cabe reprocharle que no hay castigo para el que después vuelve a tener trabajadores en negro. Le perdonamos todo lo de atrás, pero si en el futuro vuelve a tener trabajadores no registrados no pasa nada, no tiene que devolver todo lo perdonado. Eso, para mí, invita al incumplimiento y al mismo tiempo castiga a los que si cumplieron. El premio es para los incumplidores".
Por otro lado, señaló que en la reglamentación "parecieron darle mayor importancia al fondo de cese", ya que ocupa 5 de las 7 páginas del documento, y al respecto, el especialista sostuvo que es inconstitucional por la forma en la que se redactó la norma que aprobó el Congreso. "El fondo no va a funcionar si no lo ponen en funcionamiento los convenios colectivos. Tiene una cadena de condicionantes. Pero lo que llama la atención es todo el acento que han puesto en los aspectos financieros, que le han agregado a la ley, porque la ley no decía nada de eso. En el articulado se le dejaba abierta la posibilidad de que el Ejecutivo determine el fondo de cese. Eso lo hace absolutamente inconstitucional, porque el Poder Legislativo no le puede delegar al Ejecutivo que haga lo que quiera, le debe dar los parámetros", añadió.
En este sentido, consideró que "se evidencia un puro interés financiero. Te diseñan un fondo común de inversiones, un fondo fiduciario, regulan lo que tienen que hacer los bancos y ponen como órgano de contralor al Banco Central y a la Comisión de Valores. Osea, el ministerio de Trabajo no tiene nada que ver". Y agregó que "de igual manera va a depender de lo que se negocie con los sindicatos y de si a las empresas les conviene, y yo creo que esto no le conviene a nadie".
Además de la inconstitucionalidad de la delegación de facultades, Ackerman sostuvo que el fondo de cese esta prohibido por la constitución en su artículo 14 bis. "No derogaron el árticulo 14 bis, pero no sería raro que a alguno se le ocurra hacerlo. Como ejemplo tenemos el caso de Brasil, en donde funciona un sistema similar. Pero lo que tuvieron que hacer primero es modificar la constitución. La constitución nacional no admite que el trabajador quede privado del derecho contra el despido arbitrario", clarificó.
En este sentido, cargó contra "el gobierno de economistas" porque "no entienden lo que significa para un empleador contratar a un trabajador. Son economistas que solo piensan en números, por eso no entienden que cuando un empleador contrata a un trabajador no lo hace pensando en cuanto le va a costar despedirlo, lo hace pensando en cuanto le cuesta pagarle y en las cargas sociales".
"Se despide muy poco en la Argentina. Solo se despide cuando la situación es realmente muy mala, pero el empleador no quiere despedir a un empleado al cual capacitó. Y si la empresa es pequeña, hay hasta un vínculo afectivo con los trabajadores. Por eso siempre tratan de no despedir. Lo que necesita el empleador es que le bajen los costos de contratación y no los costos del despido", subrayó.
Ackerman concluyó entonces que la discusión que se dio en el marco del Congreso se realizó en base a una propuesta equivocada, como equivocado es el diagnóstico que realizó el gobierno sobre las necesidades de las empresas. En este marco, consideró que lo que hay que modificar son los aportes y contribuciones patronales. "Las cargas sociales por cada trabajador son del 55%. Es decir, de cada 100 pesos de sueldo que recibe el trabajador, el empleador paga 155. Por eso contratar a 2 trabajadores significa pagar 3 sueldos. Despedir es un costo más que siempre queremos evitar. Si bajan las cargas sociales, se va a contratar a más personas y se va a reducir el trabajo en negro. El trabajo en negro es por el costo de las cargas sociales", remarcó.
Y sentenció que el capítulo laboral incluido en la ley de Bases "es una estrategia pensada por gente que tiene mezquindades en el corto plazo y no saben como funciona esto. No saben de derecho y están creando más problemas que los que resuelven. Hicieron un lío que va a terminar mal para la sociedad, para los trabajadores y para las empresas. Los abogados vamos a tener mucho más trabajo por la necedad y la ignorancia de esta gente".
