Este lunes finalizó un nuevo juicio, el número 15, por delitos de Lesa Humanidad en Tucumán y el tercero en el que se analizaron hechos ocurridos en la Jefatura de Policía y las investigaciones se iniciaron a partir de los documentos ofrecidos a la justicia por el testigo Juan Carlos Clemente, en el marco del juicio Jefatura de Policía I sustanciado en 2009.

En este proceso se investigó el papel del Servicio de Informaciones Confidenciales (D-2) de la policía provincial y del Puesto de Comando Táctico (PCT) del Ejército (ubicado en el ex Ingenio Nueva Baviera). Todo esto en coordinación con la Brigada de Investigaciones, las sedes de las Unidades Regionales Capital y Oeste, además de las comisarías de todo el territorio provincial.

En las anotaciones de Clemente se revelaron listas con los nombres de las personas que se encontraban secuestradas en la Jefatura de Policía. En total eran 293, algunos anotados con apodos. “Se trata de la única lista de desaparecidos que hay en Argentina”, dijo el fiscal Pablo Camuña.

Al lado de cada nombre se leían tres anotaciones que definían la situación de cada víctima: PEN (aquellas personas que estaban “blanqueadas”, es decir, que su detención estaba reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional), “libertad” (aquellos que eran liberados bajo la clandestinidad), y DF (Disposición Final, para las víctimas asesinadas).

Según explicó la fiscalía, luego de un arduo proceso de investigación se comprobó la veracidad de esas listas. Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemí habían solicitado la imposición de condenas perpetuas y de penas de hasta quince años de prisión para los acusados de la megacausa “Jefatura III”.

Este juicio contó con 151 víctimas que fueron liberadas y más de 63 de ellas dieron su declaración testimonial durante las audiencias. Durante el alegato de la Fiscalía se realizó un detalle pormenorizado de la prueba producida a lo largo del juicio, que permitió demostrar el lugar que ocupaban tanto la Jefatura como el Ingenio Nueva Baviera -que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966- en el esquema represivo de la provincia durante la última dictadura.

El fiscal Camuña también hizo alusión a la existencia de un pacto de silencio entre los acusados para no brindar información sobre el paradero de las víctimas desaparecidas, señalando el daño de esa omisión, que -dijo- no solo afectó a los familiares de las víctimas sino también al esclarecimiento de los hechos por los cuales fueron llevados a juicio.

Camuña remarcó que, si bien gran parte de la evidencia documental fue destruida, a lo largo del debate se logró producir una vasta cantidad de pruebas “que han podido probar la materialidad de los hechos”.

En ese sentido, destacó a los testigos que declararon ante el tribunal, que se sumaron a 65 testimonios recibidos en otros juicios y a casi un centenar más de testimonios incorporados por lectura; a ello se sumaron 107 habeas corpus originales de la época de los hechos, así como casi dos centenares de legajos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y de la Comisión Bicameral investigadora de la Legislatura de Tucumán, junto con denuncias presentadas en organismos internacionales de derechos humanos.

Camuña también remarcó que el 65% de las víctimas eran jóvenes de entre 20 y 39 años, muchas de ellos con hijos al momento de sus secuestros, y que un 80% fueron secuestradas de sus hogares familiares, casi todos ubicados en las zonas urbanas tanto de la capital provincial como del gran San Miguel de Tucumán.

El representante del Ministerio Público Fiscal también puso el foco en que la mayoría de las víctimas pertenecían a tres grupos principales: obreros de la industria azucarera, funcionarios de la administración pública del gobierno depuesto y estudiantes universitarios.

En los casos en que tenían militancia comprobada, correspondía a organizaciones sindicales, estudiantiles o barriales, así como en distintas ramas del peronismo y el radicalismo.

Finalmente se conocieron las sentencias a las que arribó el Tribunal integrado por Enrique Lilljedahl, Noel Costa y Federico Bothamley.

El secretario del TOF Mariano García Zavalía y los prosecretarios Maria Florencia Pero y Alfredo Martin Espindola leyeron durante más de dos horas las 90 páginas del fallo por el cual decidió condenarse a prisión perpetua, enmarcados en delitos de Lesa Humanidad, a Mario Ernesto Senco, Camilo Angel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Mario Miguel Dursi, Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte y Augusto Leonardo Neme.

A 13 años de prisión fueron sentenciados Emilio Abec, Segundo Benito Acosta, Miguel Angel Nieva, Miguel Angel Venturino, Juan Luis Villacorta y Pablo Gregorio Zarate.

Ramón Jodar fue condenado a 12 años de prisión y Alberto Rivero, a 8. Además de las condenas por secuestro, tortura, violación de domicilio y homicidio, hubo sentencias por violaciones y abusos deshonestos./La Gaceta