Una multitud salió a las calles este miércoles para acompañar a docentes, no docentes y estudiantes en la marcha federal universitaria, en reclamo por mejoras salariales y presupuestarias del sector y como preludio al veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso. En ese contexto, un informe privado asegura que las transferencias del Gobierno a las universidades nacionales registran una caída del 32,1% en 2024. El Ejecutivo insiste en la defensa del equilibrio fiscal.

La segunda movilización concentró a decenas de miles de personas en Plaza Congreso, epicentro de la protesta, y en distintos puntos del país como Rosario (Santa Fe) y Córdoba capital, en defensa de la educación universitaria pública -uno de los pilares de la sociedad argentina- ante el ajuste que lleva adelante la administración libertaria en lo que va del año.

Un análisis pormenorizado de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en base a los asientos contables del Poder Ejecutivo sobre la transferencia de fondos hacia las 61 universidades públicas nacionales, reveló que el gobierno nacional devengó un gasto total de $2.136.906 millones entre septiembre del 2023 y el mes pasado. Se trata de un incremento del 143,5%, es decir, un 32,1% por debajo del aumento de la inflación calculada para el mismo período.

Del informe se desprende que las transferencias totales, además de verse afectadas por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), no reflejan el dinero enviado en concreto a las casas de estudio. Esto es porque hasta el 30 de septiembre las universidades recibieron $1.858.017 millones, es decir, un 86,9% de lo devengado.

Los números divulgados por ASAP exponen que ninguna de las 61 universidades nacionales que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano recibieron la cantidad de fondos necesarios para hacer frente al incremento de la inflación, ni mucho menos, dado que tampoco ingresó a las instituciones el dinero contante y sonante del total devengado.

Por caso, el Ejecutivo informó haber transferido $399.925 millones hasta el momento a la Universidad de Buenos Aires (UBA), un 154,7% más que los $157.003 devengados acumulados durante el año pasado. De manera que se observa un ajuste presupuestario del 29,0% entre lo reportado y el IPC. Y, por si fuera poco, aún no se envió el total sino que la UBA recibió $349.970 millones, un 87,5% de lo devengado.

Del informe de ASAP se desprende también que la Universidad de San Antonio de Areco (-68,5%), la Universidad de Moreno (-46,3%), la Universidad de Hurlingham (-47,1%) y la Universidad de Lomas de Zamora (-41,6%) están entre las más afectadas por el ajuste, junto con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (-56,2%).

Las transferencias para gastos de capital, donde se computan los fondos para las reformas edilicias, compras de computadoras o libros, entre otros aspectos, se derrumbaron prácticamente en su totalidad: el acumulado anual hasta septiembre del 2023 se ubicaba en $23.168 millones, mientras que durante el año en curso apenas fue de $4 millones. La caída, según ASAP, ronda el 100%.