Ni bien se conoció el decreto de desregulación, empresas del transporte de pasajeros de larga distancia le anticiparon a Ámbito que dejarán de operar las rutas que no les sean rentables. Es a partir de la decisión del Gobierno de romper con la lógica del sector como servicio público. Los más perjudicados serán los pueblos de menos de 10.000 habitantes y los destinos turísticos fuera de temporada.

La primera lectura que hizo el sector empresario es que la desregulación que efectuó esta mañana el Gobierno “implica el fin del servicio público de larga distancia”. Hasta ahora un determinado grupo de empresas, entre 120 y 150, tenían la exclusividad de la operación en determinadas de rutas del país.

Esas firmas operan destinos entre capitales o ciudades muy importantes donde hay mucha demanda, pero también en el medio se les asignaban otros territorios como pueblos más pequeños que no son rentables operar. Es decir, existían derechos, pero también obligaciones. Ahora, esa lógica se terminó.

Fuentes del sector señalaron que a partir de las nuevas condiciones, las empresas dejarán de conectar destinos que no les sean rentables, puntualmente los más perjudicados serán los pueblos de menos de 10.000 habitantes y los destinos turísticos en los momentos del año que no estén en temporada alta.

Sobre este punto, el decreto elimina los criterios de regularidad y obligatoriedad. “Todas las empresas quieren ir a la costa atlántica en verano, el problema es quien quiere ir en agosto, cuando la demanda no es la misma en esas ciudades”, relató una fuente del sector.

“Nuestro temor es que el sistema se plague de operadores que lo precaricen. Todos los países de Latinoamérica vieron a la Argentina cómo un ejemplo de un transporte regular, homogéneo, con mismos sistemas de buses, con empresas grandes, establecidas, con reglas”, explicó un empresario del sector, y advirtió: “Si entran operadores muy precarios como cuentapropistas, ante el primer accidente lo que se verá afectado es toda la imagen del sector”.

Con la desregulación se flexibilizan varios aspectos de la operación actual, como la obligación de operar en terminales que permite a la autoridad ejercer controles. Además, se liberan otras restricciones que permitirán el ingreso de nuevas empresas. Esto implica que se pueda operar con combis en lugar de micros. También se les habilitará el ingreso a aeropuertos para levantar pasajeros. Por eso, las empresas temen que la desregulación genere margen de maniobra para que crezcan los negocios opacos.