Exactamente una semana después de la segunda Marcha Federal Universitaria, el Gobierno se enfrenta este miércoles a la primera batalla legislativa para sostener el veto presidencial al proyecto de financiamiento de las casas de altos estudios, aunque advierte que la medida se va a judicializar si la oposición logra insistir con la iniciativa.

Sin los números garantizados, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, continuaba hasta último momento con las negociaciones para tratar de conseguir el apoyo de los espacios dialoguistas que le permitirían al oficialismo ratificar la decisión de Javier Milei en la sesión que comenzará a las 11:00.

Los números que se manejan en los despachos en Diputados muestran que hay entre 80 y 84 votos a favor del veto, 160 a 164 por la insistencia en la norma, 4 ausentes y entre 11 y 13 en duda. En este escenario, nadie puede asegurar si logrará imponer su postura hoy en el recinto y la incertidumbre reina en todos los bloques.

Existen entre 11 y 13 diputados en duda respecto de la decisión que tomarán. En ese universo, hay 8 que concentran la mayor atención. Estos son los tres del bloque Independencia (Tucumán, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo), los dos de San Juan, alineados con el gobernador Marcelo Orrego, y los tres misioneros del bloque Encuentro Federal, que tienen como jefe político al gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua.

En este universo, los que buscan la insistencia de la ley y se muestran con peor ánimo, observan que los 3 tucumanos y los dos sanjuaninos irían con La Libertad Avanza. El resto se iría a las abstenciones o ausencias sumando un total de 11 en esa decisión.

Si eso sucede hoy en el recinto, el veto del presidente Javier Milei estaría asegurado porque obtendría 84 votos bloqueando cualquier posibilidad de que los que buscan la insistencia alcancen los dos tercios.

En paralelo, el Gobierno continuó hablando con los gremios universitarios, pero sin llegar a un acuerdo entre las partes, y un día antes de la votación anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que es el sueldo mínimo que los profesionales cobran de bolsillo por cargo y luego de descontar los aportes obligatorios.

El incremento será retroactivo e implicará que desde el 1 de julio pasado el salario en cuestión tenga un piso de $420.000, lo cual se suma a la suba del 6,8% para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para octubre, que sigue por debajo del reclamo sindical.

Si la Cámara de Diputados insiste con el proyecto, el veto pasará a ser discutido en el Senado, donde el Gobierno tiene un escenario aún más complicado y los representantes del oficialismo todavía no comenzaron a conversar sobre el asunto con los otros bloques.

Hasta este martes, de hecho, la vicepresidenta Victoria Villarruel todavía se encontraba en España, donde participó de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas (ONU) sobre Víctimas del Terrorismo y llevó adelante una agenda propia.