La Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de Concepción, que conduce Mónica García de Targa, informó que, en un primer momento, tomó intervención en una causa en la que se investiga un posible caso de estafas reiteradas en contra de un importante número de personas en el sur de la provincia.

Desde que tomó estado público este hecho, a la fecha, la fiscalía recepcionó ocho denuncias que fueron analizadas. Según fuentes del caso, en ellas se mencionan a diferentes personas que habrían atraído a otras a participar en lo que aparentaba ser una plataforma de inversiones y trading, en el que intervenía un grupo denominado PEAK CAPITAL.

En todos los casos los puntos de conexión eran la captación de fondos privados, un trader denominado Wendy, y el uso de la plataforma en cuestión. “Desde que ingresaron las denuncias a esta unidad fiscal se logró determinar que la denominación a cargo de la plataforma, como la plataforma en sí misma, no se encuentran aprobadas ni habilitadas por la Comisión Nacional de Valores para operar en el sistema financiero argentino, y esto es de suma importancia, ya que este organismo en conjunto con el Banco Central de la República Argentina son los encargados de verificar y controlar la solvencia de las empresas que operan en el mercado y así, evitar situaciones como estas que afectan a todo el sistema financiero”, sostuvo el auxiliar de fiscal Juan José Ibañez, al tiempo que indicó que “se determinó incluso que el prefijo del número de teléfono del contacto Wendy, participante de grupos de WhatsApp, se corresponde con un código de Rusia y Kazajistán”, concluyo el investigador.

Remisión al fuero Federal

En base a lo antes mencionado, la instrucción a cargo de la fiscal Targa informa que se resolvió remitir todas las actuaciones a la Justicia Federal.

En este sentido, se consideró que, además de situarse ante la posibilidad de la comisión de los delitos de estafas reiteradas, también se está ante la posible comisión del delito de Intermediación Financiera no autorizada, agravada por la difusión masiva (art. 310 del Código Penal).

Este último delito, al proteger un bien jurídico nacional como lo es la estabilidad financiera y afectar intereses colectivos regulados y protegidos por entidades supraprovinciales, corresponde a la Justicia Federal. Por esta razón, en el día de ayer desde la fiscalía se requirió al Colegio de Jueces la inmediata remisión de las actuaciones a dicho fuero, siendo receptado favorablemente por S.S. Dr. Rodrigo Martearena, quien a su vez giró las mismas a las autoridades correspondientes./MPF