A pesar de la resistencia de los espacios opositores (incluso de los aliados), y con las negociaciones por el Presupuesto 2025 en punto muerto, el Gobierno giró finalmente esta tarde el ambicioso proyecto de reforma electoral que elimina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), suspende los aportes extraordinarios para los partidos y cambia las reglas de juego para la campaña.

Santiago Caputo buscó acelerar el envío de la iniciativa que redactó la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, fiel técnica de sus filas, que incluye cambios significativos en el financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, no parece haber consenso para avanzar.

Más allá de las ambiciones del Presidente, Javier Milei, se vislumbra un escasísimo acompañamiento para una medida que, además, exigiría para su sanción una mayoría especial porque se trata de un tema de índole electoral.

El PRO y la UCR ya dijeron que están en contra de la supresión de las PASO, porque las necesitan para ordenar sus espacios políticos. Además, la relación con los espacios aliados está muy tensa luego de que el Gobierno endureciera la postura por el Presupuesto 2025 y cerrara la puerta a las negociaciones con los gobernadores. Y el kirchnerismo, que podría estar de acuerdo, no está dispuesto a votar ninguna iniciativa que provenga de un Ejecutivo que acaba de vapulear a Cristina Kirchner.

El proyecto tiene como principal objetivo la eliminación de las PASO, argumentando que representan un gasto innecesario que podría ser reasignado a otras áreas.

Además, se propone modificar el régimen de financiamiento de los partidos para reducir el gasto público y “aumentar la transparencia”, enfocándose en cómo se financian las campañas más que en cuánto se gasta. También desincentiva la creación de partidos nuevos y el sostenimiento de sellos que tienen nula representatividad.

El debate sobre la eliminación de las PASO generó algunas divisiones en el Gobierno, pero se impuso la visión del asesor Caputo. Algunos funcionarios consideraban que la medida debía discutirse después de las elecciones legislativas, pero Milei decidió dejar a un lado los usos y costumbres y no descarta tratarlo en sesiones extraordinarias o en las sesiones ordinarias del 2025.

Además de los cambios en el financiamiento de los partidos, el Gobierno propone erradicar los espacios de publicidad gratuita y endurecer las reglas de caducidad de los partidos (con un aumento del porcentaje de votos necesarios para mantener su registro).

Son dos ejes que probablemente generarán ruidos en el debate, si se tratara, porque perjudicarán a los partidos chicos.

La única medida para incentivarlos es facilitar la inscripción de afiliados por medios digitales.

Inicialmente, los libertarios habían planteado el proyecto anti-PASO como moneda de cambio en las negociaciones por el Presupuesto. El plan era pedirles a los gobernadores y diputados que le dieran luz verde a la medida, para usar los fondos que se ahorraría el Estado para financiar los costos que implican las demandas de las provincias sin afectar el déficit fiscal.

Pero los mandatarios del interior presentaron una serie de exigencias que superan ampliamente los 3700 millones de pesos que, según el Ejecutivo, se ahorrarían al eliminar las Primarias y cortar ciertos aportes públicos para los partidos políticos.

Más allá de la falta de consenso, en Balcarce 50 se muestran decididos a avanzar con la discusión, ya sea en sesiones extraordinarias o en las ordinarias de 2025, en la previa de las elecciones de medio término.