En mayo del año 2023 el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó al presidente del directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro, y al gerente general de la firma, José Ramón Coronel, y les impuso multas, por conductas reprimidas en el régimen penal de la ley de Residuos Peligrosos.

También dispuso medidas reparatorias para la comunidad de la localidad santiagueña de El Palomar, afectada por la contaminación con vinaza.

En esas circunstancias, el Tribunal condenó a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito contaminación ambiental al industrial tucumano y a Coronel, además de multas de 100 mil y 85 mil pesos, respectivamente.

Pero el fiscal General Federal, Gustavo Antonio Gómez, declaró este viernes en Canal 8 que la Cámara de Casación Penal hizo lugar a los planteos de la fiscalía y determinó que la prisión de tres años a Rocchia Ferro era insuficiente y que por lo tanto, el Tribunal deberá hacer una nueva audiencia solamente para fijar una nueva pena.

"Si la Cámara de Casación está diciendo que tres años son insuficiente, el Tribunal deberá imponer una pena superior, de tres años y seis meses, o de cuatro años, con lo cual podemos suponer que la prisión para Rocchia Ferro será de cumplimiento efectivo", afirmó el fiscal General Federal.

Si bien Gómez reconoció que el industrial tendrá la posibilidad de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también advirtió que "la Cámara de Casación lo viene rechazando de modo consuetudinario (habitual), por lo que si el Tribunal fija la pena a cuatro años, sería la primera vez que un industrial cumplirá prisión efectiva por un hecho de contaminación".

La condena

Rocchia Ferro llegó a juicio acusado de haber tenido intervención -desde su rol de presidente de la compañía- en la contaminación del aire y del medio ambiente en agosto de 2011 “de un modo peligroso para la salud mediante la descarga o vertido de residuos peligrosos derivados de la actividad industrial del Ingenio La Florida”.

En el debate intervino la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, representada por Indiana Garzón, y el auxiliar fiscal Pablo Álvarez, quienes habían solicitado siete años y seis meses de prisión para Rocchia Ferro y seis años y seis meses de prisión para Coronel. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito contaminación ambiental.

En el juicio se acreditó que las autoridades habían intimado al ingenio para que se abstuviera de arrojar vinaza en los canales públicos y presentara un plan de trabajo para su tratamiento.

Los informes de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán corroboraron que tenían 60 kilómetros de canales públicos llenos con esa sustancia. Además, Rocchia Ferro y Coronel fueron considerados responsables del derrame en el canal de drenaje conocido como “Canal del Este” de más de 80 millones de litros de vinaza en estado puro proveniente del mencionado ingenio La Florida, en octubre de 2012.

La acusación incluyó un nuevo derrame de vinaza en enero de 2013, que llegó a afectar un canal pluvial denominado Interprovincial del Este, que atraviesa la localidad del Arenal, en el Departamento de Jiménez, también en la provincia de Santiago del Estero, lo que afectó “el curso de agua” y provocó “daño ambiental severo que generó un grave riesgo para la salud”.

En su exposición, el Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que durante el 2011 y, pese a encontrarse vigente una medida cautelar que obligaba a la firma a no volcar vinaza sobre canales públicos, el Ingenio La Florida volcó vinaza hacia un canal que atravesaba la localidad de El Palomar.

Además, durante el juicio, tras el testimonio de varios pobladores y pobladoras del lugar, se pudo comprobar que esa vinaza provocaba mortandad de peces y daños en la salud y el ambiente.

La fiscalía aseguró que una sentencia tiene efectos sociales y citó al Papa Francisco: “Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas".

En esa línea, el MPF resaltó en el alegato: “Es necesario dar una vuelta de página y también generar una sentencia que produzca efectos de esperanza en la gente que ha sido dañada por esos hechos ambientales. Señores jueces, en ustedes está la valentía de crear algo diferente”.