La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien tiene a cargo la causa por enriquecimiento ilícito iniciada a raíz de la denuncia presentada por el periodista Christian Sanz contra el senador Edgardo Kueider -que data de julio de este año-, aseguró que en el caso hay una “corrupción estructural” que incluye a muchos organismos estatales.

El legislador, quien está detenido en Paraguay por tentativa de contrabando de 200 mil dólares sin declarar, había sido demandado por su actividad en la empresa Enersa (empresa estatal de energía en la provincia de Entre Ríos), donde habría sido partícipe de coimas.

“Lo que pasa es que en nuestro país, lamentablemente, hay un estado de corrupción estructural, es endémico. Da cuenta de esto la cantidad de organismos del Estado que estaban en esta maniobra y entramado de sobornos para mantener contratos. Por otra parte, sobrefacturaban servicios de seguridad que en realidad no daban o acordaban con los funcionarios de (la empresa) Securitas dar un servicio de menor calidad con menos hombres”, señaló la magistrada en la pantalla de LN+.

Además continuó: “En esta investigación hemos detenido a una importante cantidad de funcionarios que estaban imputados y luego fueron liberados, pero la Cámara nos acaba de confirmar el procesamiento por asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública de varios directivos de Securitas y otros organismos”.

Arroyo Salgado remarcó que en la investigación están involucrados muchos organismos y que el monto que se movió en sobornos fue de “siete millones y medio de dólares".

Asimismo, destacó que lo más “preocupante” de esta situación es que la causa llegó a la Justicia porque la propia empresa decidió autodenunciarse en 2020 luego de recibir “numerosos avisos de parte de empleados con denuncias de corrupción” y, en consiguiente, formular una auditoría interna, que tuvo lugar en 2018.

En cuanto a los organismos incluidos, la jueza especificó que hubo detenciones y procesamientos en Enersa, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Registro Provincial de Armas y la Agencia Nacional de Materiales Controlados, mientras que queda “individualizar” a responsables de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Renaper, Senasa, Aeropuertos Argentina 2000 y la Contaduría General del Ejército, la Terminal de Cargas Argentina, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Policía de Tucumán y Petróleos de Venezuela (PDVSA).(ver vídeo 14')

Explicó que la operatoria consistía en que funcionarios de Securitas adjudicaban en las licitaciones a los organismos del Estado con los cuales podían arreglar un acuerdo de sobornos a cambio de aprobarla y mantener los contratos. “Usaban sociedades fantasmas y, a través de facturación apócrifa, realizaban el giro de dinero que iba en beneficio particular de ambas partes”, subrayó.

El senador investigado

Kueider comenzó a ser investigado en esta causa por, además de ser síndico de Enersa, contar con acciones en la empresa Betail S.A. Al respecto, la magistrada indicó: “Las expensas de estas unidades funcionales del edificio de lujo de Entre Ríos que serían propiedad de Betail S.A. y aparecen en la información que obra en el expediente, se modificaron en medio de la investigación y, en junio, pasaron a nombre de Iara Guinsel Costa, la secretaria del senador”.

Arroyo Salgado afirmó que en uno de los mails con denuncias de coimas que llegaron figura el nombre del exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, pero se trata de una “mención aislada” porque la cantidad de pagos de su parte se realizaban por medio de su secretario, quien falleció.

“La corrupción mata de diversas formas y no se tiene conciencia de la centralidad que tiene en todos los delitos de crimen organizado, ya sea narcotráfico, trata con fines de explotación sexual, pornografía infantil o terrorismo. Alcanza a los tres poderes del Estado y en distintos estamentos. Hemos tenido jueces federales destituidos y más a los que les permitieron jubilarse sin haber sido investigados. El problema es que las instituciones que tienen que controlar no funcionan, por eso, hablo de una corrupción estructural”, cerró la jueza federal./La Nación