En un fallo inédito, el juez en lo Civil de la I nominación, Pedro Yane Mana, ordenó a los diarios eltucumano.com y Sin Código Tucumán eliminar publicaciones y prohibió futuros contenidos sobre la exjueza Valeria Judith Brand, cuestionada por su desempeño judicial.
Se trata de un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la ciudadanía de mantenerse informada sobre el accionar de funcionarios públicos, que generó mucha preocupación en el entorno periodístico. En comunicación con Prensa Multimedios, compañeros de varios medios expresaron su respaldo a los diarios afectados y repudiaron el intento de censura previa pretendido por la exjueza Brand y que recibió acogida en su excolega, el Dr. Yane Mana.
"Es muy grave lo que ocurrió, porque la Dra. Brand utilizó todas sus influencias para callar y censurar a un diario que solo busca contar nada más y nada menos que la verdad de lo que pasa en el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. No pueden, por el simple hecho de tener contactos, manejar a su antojo la Justicia de esta provincia, y mucho menos para censurar a los medios de comunicación y los periodistas", manifestó indignada la periodista de exteriores, Marisa Suarez.
Para el delegado de los trabajadores de LV12, Horacio Flores, la sentencia marca un antecedente peligroso para el derecho a la libertad de prensa y de expresión. "Los periodistas y medios de comunicación nos sentimos preocupados y dolidos. Nos tenemos que llamar a la reflexión de forma inmediata por esta forma de censura que intenta realizar un fallo judicial. Como periodista de casi 30 años de ejercicio, repudio absolutamente está situación y me solidarizo con los compañeros de El Tucumano. Debemos pensar en un 2025 en el que debemos buscar evitar que estos hechos vuelvan ocurrir", sostuvo. Y añadió: "La mejor democracia es logrando estar siempre informados y los periodistas somos el nexo que facilita el mensaje codificado para todos los lectores, oyentes y televidentes. No hay democracia sin información y no hay posibilidad alguna de que los trabajadores de la información podamos sentirnos protegidos luego de este avasallamiento de la jusiticia. Espero que sea un hecho aislado y que el juez revierta esta postura y pida disculpas".
Todavía absorto por la sentencia, el periodista de eltucumano.com, Alfredo Araoz, le contó a Prensa Multimedios que el personal del medio todavía no termina de comprender lo que ocurrió. "Es gravísimo lo que estamos viviendo, porque esto trasciende al diario. Estamos muy preocupados por este fallo vergonzoso e inédito, que atenta contra cualquier tipo de derecho y contra la libertad de expresión", sostuvo.
"Vamos a cumplir con la sentencia, hemos decidido borrar las notas sobre la Dra. Brand. Pero lo que nos mantiene absortos es que no solamente es la evaluación de las notas que ya publicamos, sino que nos prohibe publicaciones a futuro si son en contra de la exjueza. Es un precedente gravísimo, que lamentablemente no es ajeno a lo que vivimos en los tiempos que corren, en donde la democracia está en jaque, sentenció.
Una restricción absoluta a la libertad de prensa
El abogado Mariano Arcas explicó que la Dra. Brand apeló "a una tutela autosatisfactiva para proteger el derecho al honor" y para ello, la exjueza citó varias publicaciones del diario, en donde, según sus planteos, habría injurias y calumnias, insultos y falsas
imputaciones que excederían la libertad de prensa. En este sentido, para el letrado no corresponde una imputación al medio, ya que las críticas vertidas en sus páginas no responden a una posición subjetiva del diario, sino que reproducen los cuestionamientos de sus fuentes.
"Un medio de comunicación reproduce información que no necesariamente es el pensamiento del medio. En los casos citados por la justicia, El Tucumano cita al Dr. Gustavo Morales, que si bien usa dichos injuriantes, lo hace difundiendo lo que dice una fuente. Aquí tenemos que pensar si prima más el derecho de expresión o el derecho al honor", señaló en una entrevista brindada al periodista Germán Valdez, para el programa Tucumán con Todo.
El especialista citado aclaró que cómo las críticas se refieren a su condición de jueza, es decir, mientras cumplía una función pública, por lo tanto, las publicaciones del diario son válidas. "Si se informan las fuentes y se las cita reproduciendo lo que dijo un abogado, no puede haber una injuria del medio", sostuvo. Y añadió que al existir una serie de cuestionamientos legales a su función pública, mismas que motivaron a que la comisión de Juicio Político de la Legislatura iniciara un proceso en su contra, la simple reproducción de esa información no puede considerarse como injuria o calumnia.
"Es realmente grave que la justicia le haya dicho al medio que no puede volver a hablar sobre la denunciante. A pesar de que ella, que quiere volver a ser jueza, puede volver a ser una funcionaria pública, este medio ya tiene una restricción para informar. Eso ya es una restricción absoluta de la libertad de expresión", subrayó.
Y en ese sentido, consideró que el público tiene derecho a conocer sobre la Dra. Brand, que renunció a su cargo de jueza porque estaba al borde de llegar al juicio político, y que ahora pretende volver a ser magistrada. "La sociedad tiene derecho a saber como fue su actuación en los casos que intervino, sobre todo porque ahora quiere pasar a formar parte de una Cámara -una instancia superior al juzgado en donde se encontraba-", sentenció.
La postura del gremio frente al avasallamiento de la libertad
La Asociación de Prensa de Tucumán también rechazó "enérgicamente" la decisión del Juzgado Civil Nro. 1 y exigió públicamente que la medida sea dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa.
Vale mencionar que el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica (que el Estado Argentino se comprometió a respetar al otorgarle rango constitucional) expresan de manera clara y contundente la prohibición a toda forma de censura previa, definida la misma por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como "cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales".
"Desde la Asociación de Prensa de Tucumán no vamos a permitir que las presiones nos arrebaten la posibilidad de conocer la verdad. Como organización defendemos este derecho fundamental y exigimos garantías para el ejercicio pleno del periodismo. La verdad no se negocia y la censura no tiene lugar en un país que se llama libre", sentenciaron.