La Cámara Federal porteña ordenó que el ex jefe de Montoneros, Mario Firmenich, sea llamado a indagatoria como principal responsable de atentado a una repartición de la Policía Federal, ocurrido en julio de 1976, en plena dictadura, que provocó la muerte de 24 personas y 60 heridos.

En un giro a la jurisprudencia fijada hasta ahora, el fallo sostuvo que aquella masacre no está prescripta: se trató de una grave violación a los derechos humanos y el Estado argentino tiene la obligación de dar respuesta sus víctimas.

“El suceso nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado”, se advirtió. “Reparar los derechos de las primeras víctimas del atentado y, al mismo tiempo, proteger los de aquellas otras que hoy se presentan ante los tribunales de justicia -las olvidadas-, no corresponde mantener ocluidos los caminos investigativos. Por el contrario, se debe impulsar -con el vigor que corresponde- la presente acción, lo que se le encomienda expresamente a la magistrada de grado. Es necesario -diríamos imprescindible- realizar los mayores esfuerzos, desde la justicia, para reparar precisamente el valor justicia que se ha venido denegando a las víctimas”, afirmaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el fallo.

Hace dos años y medio, este tribunal ya había ordenado abrir la causa e investigar los hechos. Pero la jueza de primera instancia, María Servini, entendió que el caso debía cerrarse.

El tribunal ordenó ahora que Servini indague a Firmenich y lleve adelante medidas de prueba para determinar qué otros autores o encubridores hubo en el ataque. Y sostuvo que el caso no estaba prescripto. Además incorporó a la causa a los denunciantes para que sean acusadores privados.

También revocó los sobreseimientos de Mario Eduardo Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares.

“El delito, en principio, no tuvo como protagonista a ningún representante del Estado. Por lo contrario, fueron principalmente sus propios agentes los que resultaron víctimas del hecho, y fue una organización no estatal la que se atribuyó directamente el atentado. Y aunque no haya sido el poder público el responsable directo de esas muertes, heridos y daños, ya sea por acción u omisión, sus autoridades eran las encargadas de garantizar otro tipo de responsabilidad, que también constituye una violación a un interés fundamental, básico, de los derechos humanos. Esta vulneración no se limitó a un momento específico del pasado, sino que se extiende hasta la actualidad. Se trata del deber exclusivo y esencial del estado de investigar y dar respuesta y protección judicial a los derechos de las víctimas”, se aseguró.

La decisión de la Cámara Federal, que promete escalar hasta la Corte Suprema, marca una nueva mirada en las investigaciones por los crímenes de los 70. No obstante el tribunal destacó que es “excepcional” el criterio fijado para este caso: un atentado brutal, en donde las víctimas no eran miembros del Estado, en un caso que nunca fue investigado con seriedad.

El fallo apunta a Mario Firmenich, que hoy vive en España y asesora al gobierno de Nicaragua. La Argentina fue víctima de un baño de sangre en los años 70 y en especial durante la última dictadura argentina (1976-1983), con la instalación de centros clandestinos en los que desaparecieron miles de personas.

Con el regreso de la democracia, la Justicia avanzó en el juzgamiento de los responsables de las fuerzas armadas, con el llamado juicio a los comandantes. Pero también impulsó llevar al banquillo a los responsables de la agrupación guerrillera Montoneros.

En 1984 Firmenich fue arrestado en Brasil por pedido del gobierno de Raúl Alfonsín, juzgado y condenado a 30 años de prisión por homicidio y secuestro. Todo eso quedó en la nada con los indultos a jefes guerrilleros y militares que firmó Carlos Menem en diciembre de 1990.

El paso del tiempo dejó prescriptos aquellos crímenes, salvo el robo de bebés. Más tarde, en medio de un clima internacional que abría la puerta al principio de justicia universal que abría la puerta a castigar crímenes gravísimos afuera del territorio donde hubieran sido cometidos cuando allí no se hubiera investigados y reclamaba la captura de militares argentinos, el gobierno de Néstor Kirchner avanzó en la derogación de leyes que frenaron las investigaciones contra militares. Se trataba de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, dijo la Corte.

Sin embargo, los crímenes de Montoneros quedaron impunes por el paso del tiempo, ya que no habían sido cometidos desde el Estado.

En 2003, el fallecido juez Claudio Bonadio había dispuso el pedido de captura internacional del máximo jefe montonero, y la detención de Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía por las muertes en la causa conocida como Contraofensiva. Pero la Cámara Federal anuló esa decisión, ordenó libertades y lo apartó.

El atentado al comedor

Lo que resolvieron hoy los jueces se enmarca sólo en los hechos ocurridos a las 13:20 del 2 de julio de 1976, cuando una bomba detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal.

“La cúpula de la organización armada no estatal “Montoneros” había seleccionado meticulosamente ese sitio para comunicar a las fuerzas de seguridad, y por su intermedio a todo el pueblo argentino, su presencia, su ofensividad y su capacidad para eludir todo obstáculo que se interponga en su camino”, recordó el fallo.

Momentos después de la explosión, un comunicado de la organización se atribuía el hecho. La reivindicación sería habitual en la prensa de la agrupación. “…hicimos volar por el aire a 40 comensales de la Superintendencia de Seguridad Federal…” se jactaron tiempo después desde las páginas de uno de sus órganos de propaganda, el primer fascículo de la revista “Estrella Federal” del mes de mayo de 1977.

Los detalles de ese ataque fueron relatados recientemente en un libro del periodista Ceferino Reato, “Masacre en el comedor”, considerado el atentado más sangriento que llevó adelante la agrupación Montoneros.

El autor material fue José María Salgado, Pepe, un joven agente de policía de 21 años que también estudiaba Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires. Más tarde terminaría destrozado en una sala de torturas de la ESMA.

En 2006, la jueza Servini rechazó una denuncia contra los presuntos autores del atentado por entender que no era un crimen de lesa humanidad. La Cámara Federal dijo entonces que Montoneros no “constituyó una organización entendida en esos términos, por lo que es equivocado sostener que los delitos a ella atribuidos constituyan crímenes contra la humanidad”.

Pero a fin del 2021, un grupo organizaciones civiles y 400 abogados se presentaron en el juzgado para pedir la reapertura de la causa y solicitar que sea declarado imprescriptible.

En ese contexto solicitaron llamados a indagatorias y capturas de los líderes de la organización que fue declarada asociación ilícita en el gobierno de María Estela Martínez de Perón.