Mientras tanto, los gremios denuncian pérdida de poder adquisitivo y rechazan las propuestas oficiales en la administración nacional, para la que el Gobierno ofreció un 1% mensual por cuatro meses.

El Gobierno nacional prorrogó por un año la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024 a través de la publicación de la Decisión Administrativa 1/2025 en el Boletín Oficial. La medida, que busca mantener el ajuste fiscal, establece que las subas salariales de los trabajadores estatales deben negociarse exclusivamente dentro de los parámetros presupuestarios asignados a cada dependencia.

El instrumento, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, tiene como objetivo evitar disparidades en las negociaciones colectivas que le den protagonismo a gobernadores o intendentes y a sindicatos. Además, se sostiene que estas medidas contribuyen a ajustar los recursos estatales otro año más.

La normativa obliga a las jurisdicciones, organismos descentralizados, y empresas del Estado a negociar aumentos únicamente dentro de los límites presupuestarios vigentes dejando en manos del Ejecutivo nacional los «techos» posibles. Cualquier incremento deberá ser previamente aprobado por los órganos competentes, incluida la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, que continuará desempeñando un rol clave en la evaluación de los acuerdos.

A pesar de los esfuerzos por mantener un marco homogéneo de negociación, las discusiones paritarias con los gremios estatales han estado marcadas por la tensión. En diciembre, el Gobierno convocó a los sindicatos para acordar las subas salariales de 2025, pero no se logró un consenso. Desde ATE, denunciaon que las propuestas oficiales son insuficientes y acusan al Gobierno de «retardar los incrementos para seguir ajustando los salarios». Incluso UPCN, más permeable a las negociaciones, rechazó la oferta por insuficiente.

ATE también criticó la pérdida de poder adquisitivo de los empleados estatales, que según sus cálculos alcanza el 40% desde la asunción de Javier Milei, debido a una inflación acumulada del 112% en noviembre frente a acuerdos salariales que solo llegaron al 73%. Entre los sectores más afectados mencionan al personal civil de las Fuerzas Armadas, el SINEP y el personal de Salud.

En este contexto, la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, ha convocado a nuevos encuentros en enero para retomar las discusiones. Desde los gremios insisten en la necesidad de otorgar sumas fijas que permitan recuperar los salarios más bajos y mitigar el impacto de la inflación.

La situación de los trabajadores del sector público se agrava debido a la finalización de más de 57 mil contratos el pasado 31 de diciembre. Según cifras oficiales, desde diciembre la planta estatal ya se ha reducido en más de 35 mil empleados, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro laboral de miles de personas.

Mientras el Gobierno apuesta por mantener un ajuste controlado en el gasto público, los sindicatos presionan por acuerdos que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido. Las próximas semanas serán clave para definir el rumbo de las negociaciones y el impacto de estas medidas en la administración pública.INFOGREMIALES