En los 180 hogares para personas con discapacidad que existen en Argentina habitan unas nueve mil personas. Algunas de ellas necesitan cuidados extremos: les tienen que dar de comer, cambiar pañales, bañar y dar medicamentos. Otras, se valen por sí mismas, pero igual necesitan de cuidados. No todas tienen familiares ni alguien que se haga cargo de ellxs. En 2024, las instituciones que son contratadas por el Estado para prestar el servicio de salud aguantaron todo lo que pudieron: “La venimos paleando con deuda. En mi caso, debo a tres bancos, más los impuestos y estoy preparando el preventivo de crisis. No da para más”, relató ante El Destape Sergio Rzonsinski, gerente del Instituto Convivir, de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la falta de actualización de los aranceles que debe hacer la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Rzonsinski es gerente del hogar y centro de día, que tiene dos sedes, hace más de 30 años. A lo largo del tiempo, dijo, “pasó de todo”, pero nunca una situación como la actual en la que la falta de presupuesto lo dejara al borde del cierre de la institución que en la actualidad cuenta con 71 empleados registrados y unos cuatro monotributistas para atender a 54 personas internadas y unas 20 que realizan tratamientos ambulatorios.

Al momento de la conversación, sus trabajadores estaban en huelga por falta de pago de salarios y deudas por vacaciones.

La mayoría de las y los pacientes que recibe, como sucede con el resto de las instituciones, son derivados por PAMI y por el Programa Federal Incluir Salud, en menor proporción por las obras sindicales a través de la Superintendencia de Salud. Mientras, los aumentos de los aranceles los debe decidir el Directorio de la ANDIS, en donde tienen una representación mínima que no llega a hacer de contrapeso para modificar las decisiones del Gobierno nacional. En el último trimestre, por ejemplo, recibieron aumentos del 1%, 0,8% y del 0,5% y hasta ahora no tuvieron novedades sobre alguna otra actualización. Las autoridades tampoco los recibieron y, ante la consulta de El Destape, no respondieron.

Según sus cálculos, para atender a una persona -que, recordemos, es discapacitada- que vive en el hogar, se requieren unos tres millones de pesos, mientras que quien asiste al centro de día un millón y medio.

“La última vez que nos recibieron fue en noviembre, un funcionario de segundo o tercer nivel, que nos trató de corruptos”, contó sobre el encuentro al que él mismo asistió, sobre el caballito de batalla que la gestión de Javier Milei eligió para justificar los recortes en áreas sensibles. No sólo eso, sino que contó que además los amenazan auditorías para verificar que cumplan con todos los requisitos y, en caso de encontrar irregularidades, imponerles sanciones económicas. “Es muy perversa esa relación”, sostuvo Rzonsinski.


“Esto tiene que tener una solución de parte del Estado, necesitamos un aumento inmediato importante, de no menos del 20% porque están pagando menos de la mitad de lo que corresponde”, aclaró y contó que el mismo director de ANDIS, Diego Spagnuolo, reconoció en una entrevista con María Julia Oliván que él recibía los aranceles con 100 puntos por debajo de la inflación.

Rzonsinski contó que desde las instituciones en distintos puntos del país están intentando organizarse en un grupo de WhatsApp y aseguró que las que alquilan y están en grandes ciudades “están en la lona”, pero que “la malaria es para todos”.

Allí, por ejemplo, se encuentra la Asociación Amar -creada por un grupo de familias hace más de 50 años- que en esta semana salió a pedir ayuda en sus redes sociales en donde la directora, Daniela Vagnenko, contó que acumularon una deuda de “millones” y que sólo tienen para subsistir por dos meses más por la falta de actualización en el nomenclador y las demoras de pagos de las obras sociales de hasta 90 días.

Para intentar tener una salida a esta situación enviaron mails a todos los entes relaciones con discapacidad, pero también evalúan enviar cartas documentos y salir a la calle junto con las familias. También evalúan una demanda judicial a nivel nacional y en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.

Ante la falta de aumentos en los presupuestos, Rzonsinski prevé la posibilidad de cerrar los dos hogares que tiene a su cargo en dos meses: “Hay padres a los que los vi morir y que me pidieron que cuide de sus hijos. Lamentablemente no voy a poder cumplir”.
“Un discapacitado es lo más desprotegido que hay sobre la tierra”

Marta Amato tiene 80 años. Su hijo, Julio, de 58, nació con una cardiopatía congénita. Fue operado dos veces, pero arrastró un retraso madurativo del que no pudo salir, así ella misma lo describió. Empezó yendo al centro de día del Instituto Convivir, pero hace diez años contrajo Parkinson y ella tuvo un problema cardiaco, por lo que no era recomendable él estuviera a cuidado de ella. “El resto de su vida va a necesitar atención permanente. Te das cuenta de que es imposible tenerlo en casa con esa patología”, dijo.

En la conversación, a Marta le tembló la voz y, al borde del llanto, le envió un mensaje a las autoridades nacionales: “Que escuchen, que vayan a los hogares y miren a la cara a los chicos, que les pregunten cómo están. No se justifica un cierre por alguien que hace un presupuesto para alguien que no sabe qué necesita”, pidió. Ella forma parte de la red de familiares que se está organizando para exigir al Gobierno nacional respuestas ante la situación que describen como "crítica".

“El problema radica en la falta de actualización de los pagos por las prestaciones de discapacidad, que han quedado rezagados frente a la inflación y los incrementos salariales dispuestos para el gremio de sanidad”, sostiene en el documento que difundieron. Esto significó, según señalaron, la reducción de actividades y terapias, retrasos en mejoras de infraestructura e imposibilidad de cumplir con compromisos básicos como el pago de aguinaldo, “que se ha comunicado al gremio que deberá abonarse en cuotas”.

“A pesar de reiterados reclamos, las autoridades no han tomado medidas concretas para solucionar este problema. Argumentan que la corrupción detectada en el sector de discapacidad justifica la falta de actualización de los aranceles, incluso tras realizar auditorías y planificar nuevas inspecciones”, denunciaron.

“Algunos -dijo Marta, sobre las y los pacientes que habitan en los hogares- no tienen padre, madre ni parientes; otros que tienen parientes y no los visitan. Un discapacitado es lo más desprotegido que hay sobre la tierra y necesitan de esos lugares donde están bien atendidos y comprendidos, donde tienen a sus amigos, sus profesoras, es su casa, pero es imposible con este presupuesto”.
Carla Perelló EL DESTAPE