En una movida que busca poner fin al sistema de intermediación entre obras sociales y prepagas, el Gobierno nacional aprobó una resolución que establece la transferencia directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores a las empresas de medicina privada con las que hayan contratado su cobertura. La medida, que forma parte de un esfuerzo por eliminar la triangulación, evitará que las obras sociales retengan un porcentaje de los fondos.

De acuerdo con la resolución 1/25 del Ministerio de Salud, publicada recientemente en el Boletín Oficial, el objetivo es que los recursos destinados a la salud de los empleados se dirijan sin intermediación a las prepagas, a menos que el trabajador decida lo contrario. Esta es una de las reformas más significativas en el sistema de salud en el país, y busca terminar con un negocio histórico que, según el Gobierno, beneficia a las obras sociales en lugar de a los afiliados


Hasta ahora, los empleados contrataban una prepaga, pero su dinero pasaba primero por las obras sociales, que a su vez mantenían acuerdos con las empresas privadas de salud. Este esquema de intermediación resultaba en un costo adicional para los afiliados, con una retención de entre el 3% y el 10% de los aportes. El monto absorbido por esta triangulación representaba $30.000 millones al mes, lo que equivalía a un gasto anual de $3 billones, afectando a 1.380.000 trabajadores.

El traspaso directo eliminará este costo, lo que se traduce en un ahorro de aproximadamente $21.739 por afiliado cada mes. Además, las obras sociales podrán seguir participando en el sistema si ofrecen prestaciones de salud, pero ya no intermediarán en el proceso de transferencia de fondos.


El cambio busca mejorar el acceso a las prepagas, eliminando los costos adicionales derivados de la intermediación. Según fuentes oficiales, se espera que las empresas de medicina privada reduzcan sus cuotas, aprovechando la mayor eficiencia del nuevo sistema. De hecho, el Gobierno ya había adelantado medidas similares en octubre de 2024, cuando comenzó a obligar a las prepagas a inscribirse en un padrón para que los usuarios pudieran optar por salir de la triangulación.

En caso de que los trabajadores deseen seguir en el esquema tradicional, tendrán un plazo de 60 días para expresar su voluntad de permanencia en obra social. De no hacerlo, sus aportes se derivarán directamente a las prepagas, lo que se espera que genere un flujo de dinero más directo y transparente para los usuarios.

Con esta reforma, el Ejecutivo busca una mayor equidad en el acceso al sistema de salud privado, aunque ya se ha generado controversia entre las obras sociales, que consideran que la medida podría incrementar el costo de las cuotas para quienes no puedan pagar la cobertura privada sin el subsidio intermedio. A pesar de los cuestionamientos, desde las prepagas defienden la simplificación del proceso, asegurando que se logrará una atención más eficiente para los afiliados.