El gobernador Osvaldo Jaldo resolvió esta tarde apartar por DNU al delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, hasta tanto se esclarezca su participación en el caso por la venta de tierras de la Reserva La Angostura. Según confirmó el diario La Gaceta, la disposición fue adoptada por el titular del Poder Ejecutivo a su regreso de Buenos Aires.

El Decreto de Necesidad y Urgencia N°2/10, que sería oficializado este jueves en el Boletín Oficial, lleva las firmas de los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Economía y Producción, Daniel Abad; de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; de Educación, Susana Montaldo; de Interior, Darío Monteros; de Desarrollo Social, Federico Masso; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur; y por el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur.

El nombre del delegado venía siendo señalado reiteradamente por los vecinos damnificados. En declaraciones a la prensa, habían afirmado que Cruz les había informado que también adquirió terrenos en la zona, como una forma de avalar la legitimidad de la operatoria. Esta semana la Justicia posó la vista sobre el comisionado, que se convirtió ahora en el séptimo sospechoso de integrar un grupo que conspiró para vender los terrenos protegidos.

La investigación que lleva adelante el fiscal Miguel Varela motivó también que el gobernador dispusiera la disolución de la Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat de la provincia. Según la hipótesis oficial, el ex titular de esa oficina, Fernando Chaler, junto a dos empleados, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo, se aliaron con el empresario inmobiliario Juan Castro y otras 2 personas, y mediante engaños, procedieron a privar de la posesión a la Provincia, quien detenta la titularidad del inmueble, que no sólo es un terreno fiscal, sino un área protegida.

En cuanto al delegado comunal, la Justicia sospecha que no habría sido engañado para la adquisición de terrenos, sino que los habría recibido en concepto de pago a cambio de convalidar el ilícito. Entre los indicios que direccionan hacia esta hipótesis, se encuentra la firma que plasmó en la nota de factibilidad para concretar el suministro de agua potable en agosto de 2023, tres años después de que comenzaran a venderse los lotes y a pesar de que ese trámite debe ser realizado antes de que comience la venta.

En este marco, el lunes último se allanó la sede comunal y la casa paterna del funcionario donde se secuestró valiosa documentación que complicaría su situación procesal.