El gobierno de Javier Milei prepara la motosierra contra las pensiones para las personas con discapacidad. La administración libertaria envió este miércoles las primeras 300.000 cartas documento a beneficiarios de diversas provincias, en el marco del proceso de auditoría sobre más de un millón de casos iniciada el año pasado. La respuesta a la citación es obligatoria para evitar la pérdida del beneficio, lo que puso a las organizaciones del colectivo en alerta ante una nueva poda que afecte derechos consagrados.
Beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe recibieron en las últimas horas notificaciones en las cuales se les indica que deberán presentarse, con la documentación solicitada, a una evaluación con un profesional del PAMI para realizar controles médicos, como requisito obligatorio para mantener el beneficio. En caso de no poder asistir a la citación, se deberá justificar la ausencia con hasta 24 horas de anticipación. Luego de la evaluación médica, los especialistas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular es el abogado personal de Milei, Diego Spagnuelo, se tomará la atribución de analizar los antecedentes y definirán la continuidad o interrupción del ingreso.
Desde la ANDIS calculan en 900.000 millones de pesos el ajuste estimado por la poda en las pensiones por invalidez, un número que ya estaba fijado de antemano. La intención de la gestión de La Libertad Avanza de recortar en este sector no es nueva. En el proyecto del fallido Presupuesto 2025 elaborado en Casa Rosada el año pasado, el ítem "Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa" presentaba un ajuste en términos reales del 40 por ciento respecto al 2024, y del 52,6 por ciento si se lo compara con 2023. El recorte presupuestario preveía un descenso de 1.226.819 pensiones a 1.034.447, lo que implicaba la pérdida del beneficio para unas 192.372 personas.
La auditoría inició en 2024 por orden del gobierno de Milei tras detectar presuntas irregularidades en el otorgamiento de las pensiones. De 22.417 casos revisados el año pasado, sólo el 20% cumplía con los requisitos legales, según datos oficiales, y también se identificaron 150 personas fallecidas, 212 presos y 14 prófugos de la Justicia que cobraban la pensión. El proceso de la auditoría, cuya finalización se estipula para la primera mitad del año, se realizará en forma progresiva y haciendo hincapié en las pensiones que se otorgaron durante la gestión de Alberto Fernández. Para llevarla a cabo, el Gobierno firmó acuerdos con la ANDIS y el PAMI para la contratación de servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos con el objetivo de posibilitar la baja de aquellos beneficiarios que se encuentran inscritos en forma irregular.
A principios de febrero, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos-Córdoba, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la asociación Andar interpusieron un reclamo administrativo contra la Resolución 187/2015 de la ANDIS que aprueba el "Baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral". Según plantearon, la medida recurre “a criterios médicos que desconocen el modelo social de la discapacidad”, motivo por el cual es “abiertamente contraria a nuestro ordenamiento jurídico”, a la vez que utiliza "una terminología palmariamente discriminatoria".
"El proceso para definir quien debe percibir la pensión y quién no debe considerar las barreras culturales, económicas y sociales que enfrenta este grupo para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, así como los gastos adicionales en los que las personas incurren por tener una discapacidad", señalaron las organizaciones firmantes del reclamo, que fue enviado al director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
