El Ejecutivo libertario anunció que dará de baja los 300 mil permisos del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), lo que afecta directamente a los pacientes que necesitan del cannabis medicinal.

Así lo afirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: “No es ley el desvío a la venta ilegal (…). Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa. El THC —la sustancia que te cambia la neurología— que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%. Es como una soja transgénica (sic)”.

“Hemos tenido un problema muy serio –acotó la funcionaria, ex macrista– Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”. Y atacó también al uso del cannabis medicinal, cuando sostuvo que bajo la gestión de Alberto Fernández, “se aprobaron más de 300 mil permisos para sembrar marihuana. Más otros 30 mil que podían sembrar para venderle remedios a otros, remedios que no están avalados por el ANMAC, remedios que no necesariamente, que son muchas veces caseros”.

El REPROCANN, que nació en 2021, es el Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y Terapéuticos. Su principal objetivo es permitir a los pacientes autorizados cultivar cannabis bajo un control riguroso para tratar enfermedades específicas. De acuerdo con la ley, los cultivadores pueden sembrar entre una y nueve plantas y transportar hasta 40 gramos de flores secas. Sin embargo, la medida ahora implementada por el Gobierno pretende revisar todos los permisos previos.

La decisión es el corolario de ataques anteriores del Gobierno hacia el sector cannábico. Ya en abril, el vocero Manuel Adorni justificaba el recorte de unos 140 mil millones de pesos y adelantaba: “Se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como REPROCANN, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90 mil solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica”.

“Primero, el REPROCANN no es un registro de productores sino de pacientes; y segundo, sobra la evidencia científica. Basta escarbar un poquito”, manifestó en ese momento a Tiempo el abogado Juan Palomino, especializado en derecho cannábico.

El año pasado, el Ejecutivo propuso ante el Consejo Consultivo Honorario (CCH) del Programa de Cannabis la modificación de la resolución 800 de la Ley 27.350 para restringir las patologías por las cuales los profesionales de la salud pueden indicar el uso del cannabis medicinal.

Según se informó al CCH, hasta el año pasado se recibían cerca de 1000 solicitudes por día y sólo estaban aprobando 40 trámites. El embudo ya era insostenible. «Están colapsados de prontos despachos y de amparos de pacientes. Hay 450 ONG’s o más que están esperando el alta para poder utilizar el sistema. Frente a esto realmente me cuesta entender cómo fue que analizaron y establecieron que no hay evidencia científica en más de 90.000 inscripciones”, insistió el abogado.