Por una causa declarada compleja donde varios sujetos están acusados de conformar una asociación ilícita, el MPF convocó a una audiencia para solicitar la prórroga de la prisión preventiva que vienen cumpliendo cuatro de ellos (25, 30, 31 y 51 años). En tanto, otros cuatro (19, 20, 28 y 29 años) lo harán con medidas de menor intensidad (entre ellas fijar domicilio y firmar el libro de comparendo dos veces por semana en la comisaría de su jurisdicción), a estos últimos se les enrostra el delito de encubrimiento por receptación dolosa agravada por ánimo de lucro y uso de documento o certificado falsos.

El plazo requerido por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, que conduce Diego López Ávila, es por 121 días (con vencimiento el 18 de junio que coincide con el dispuesto para Ulises Martín Orosco Moya -jefe de la banda- y su pareja Tamara Herrera quienes fueron aprehendidos el 14 de diciembre del año pasado por tareas desarrollas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales en Catamarca).

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Fernanda Antoni Piossek se refirió a las características del hecho, la pena en expectativa, la complejidad, la reiteración y el daño causado.

A su vez, la representante del Ministerio Fiscal reiteró que se trata de una organización que cuenta con recursos y que podrían estar más personas involucradas.

“A cuatro de ellos se les atribuyó formar o integrar lo que sería una asociación ilícita que, entre el mes de junio de 2023 y septiembre del año pasado, tendría como principal actividad la receptación de vehículos que habrían recibido a sabiendas de un origen irregular y que luego de modificar sus características externas, valiéndose de documentación apócrifa, los introducían en el mercado bajo la apariencia lícita. De esta manera, eran ubicados a terceros (adquirentes) quienes en buena fe y a título oneroso creían que recibían un bien legal”, comentó la investigadora.

Por su parte, dos letradas solicitaron el arresto domiciliario (uno argumentó que sus familiares recibieron amenazas y otro que padecía un problema de salud).

Finalmente, y luego de escuchar a todas las partes, el juez interviniente hizo lugar a todo lo requerido por el Ministerio Público Fiscal, manifestado que no había una opinión de un experto que diga que el acusado, de 51 años, no podía recibir atención en su actual lugar de alojamiento.

La teoría del caso

Según la Fiscalía, aproximadamente desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, dentro del territorio de la provincia de Tucumán, varios sujetos, previo acuerdo de voluntades y división de roles asignados, desempeñándose uno de ellos como jefe y el resto como miembros, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática, se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a conseguir beneficios económicos, mediante la obtención en forma constante de rodados con pleno conocimiento de que los mismos habían sido sustraídos a diversas víctimas y se encontraban denunciados como robados.

Debido a la situación irregular en que se encontraban estos vehículos, los miembros de la asociación los adquirían sin la documentación pertinente o sin efectuar la correspondiente transferencia.

Asimismo, modificaban sus características externas, ya sea cambiando su color, quitándole sus chapas patentes o cambiando las mismas por otros dominios. Una vez obtenidos los rodados, utilizaban documentación apócrifa y así procedían a venderlos./MPF