El Gobierno nacional avanza en el proceso de privatizaciones de la red vial nacional, que ya en enero inició con el Corredor Vial 18 (conocida como Ruta del Mercosur con una extensión de 672 kilómetros) y que aspira a avanzar en esa dirección con más de 10.000 kilómetros de rutas, autovías y autopistas.
La propuesta libertaria se trata, para el dirigente gremial, del retorno a un modelo visto en los ´90 con el menemismo, pero aún más recargado y con beneficios extras para aquellas empresas que ganen las concesiones. "Es un modelo que ya fracasó en Argentina y con el que el gobierno apunta a generar un negocio muy generoso con las empresas concecionarias. Es una entrega total de soberanía. Las empresas que ganen las concesiones no le van a pagar ningún canon al Estado durante los 20 o 30 años que duren las concesiones. Harán un par de obritas que se les exige y después harán caja durante décadas", añadió.
La decisión del Gobierno mileista se justifica en un “sobredimensionamiento de la estructura estatal" que es necesario "corregir" otorgando la administración de las rutas a empresas que cobrarán peajes y que podrán explotar comercialmente los márgenes de la ruta. En este sentido, Catanzaro explicó que "no es solo la concesión de las rutas, sino que agrega la zona de caminos que pueden explotar con estaciones de servicio, paradores, hoteles. Un negocio redondo".
La privatización de la red vial se presenta a la par de proyectos de reforma de los convenios colectivos y la ley orgánica de Vialidad Nacional, para desarticular el organismo y debilitar la posición de los sindicatos, necesarios para facilitar la llegada de empresas interesadas.
"El viernes 21 sale un decreto de reestructuración de Vialidad Nacional, que sabemos que eso implica achique y despidos. La intención es echar entre el 20 y el 30 por ciento del personal, lo que significa la pérdida de entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo. Un golpe durísimo para un organismo que es fundamental y estratégico en un proyecto de país", sostuvo el dirigente.
Además, Catanzaro añadió: "Preparan una reforma del convenio colectivo para buscar mejores condiciones para el empleador. Esto atenta en contra de nuestros derechos y la calidad del trabajo que realizamos. Quieren modificar también la ley orgánica de Vialidad, su autarquía y su personalidad como organismo descentralizado. Es una renuncia del Gobierno a la soberanía regional".
