El Gobierno de Javier Milei ha decidido que la moratoria previsional, establecida por la Ley 27.705, culminará el próximo 23 de marzo y no se extenderá por dos años adicionales, como se había anticipado. Se estima que esta medida afectará a 243.000 personas, que incluyen aproximadamente 150.000 mujeres y 93.000 hombres. Aquellos que no alcancen la edad mínima y no cuenten con los 30 años de aportes requeridos no podrán acceder al beneficio de jubilación en Argentina.

La moratoria estuvo diseñada para ayudar a mujeres de entre 50 y 60 años y hombres de entre 55 y 65 que no lograron completar sus aportes antes de llegar a la hora de jubilarse. Según la Subsecretaría de Seguridad Social, durante el año 2024, 427.505 personas pudieron acceder al régimen jubilatorio, de las cuales 313.950 lo hicieron a través de la moratoria.

Con la finalización de esta medida, quienes no posean los aportes necesarios en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) perderán la oportunidad de acceder a la jubilación. La ANSES informa que para poder solicitar este beneficio, se debe cumplir con la edad mínima de 65 años para hombres y 60 años para mujeres, así como con los 30 años de aportes.

Para quienes tienen más de 65 años y no cuentan con una jubilación o pensión, la ANSES ofrece una alternativa conocida como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este beneficio no solo proporciona un ingreso de $223.297,36 al mes —incluyendo un bono de $70.000 otorgado por el Gobierno, que eleva el total a $293.297,36—, sino que también otorga cobertura de salud a través de PAMI y acceso a asignaciones familiares.

El procedimiento para solicitar la PUAM es gratuito, requiere la obtención de un turno y se realiza de forma presencial. Los requisitos incluyen tener 65 años o más, ser argentino o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país, o ser extranjero con 20 años de residencia, además de no percibir jubilación, pensión o seguro de desempleo, y mantener la residencia en Argentina tras la solicitud de la pensión.

La decisión ha generado un debate en la sociedad, con críticas de organizaciones de derechos humanos y sindicatos que advierten sobre el impacto negativo en la calidad de vida de miles de argentinos. A medida que se acerca la fecha límite, se espera que aumenten las movilizaciones y protestas en defensa de los derechos previsionales.