Luego de haber ingresado por la Cámara de Diputados, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo convocó a una reunión para este jueves a las 13.30 para poner a consideración el DNU 179/2025 por el que el Gobierno nacional formalizó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La comisión está a cargo del senador riojano Juan Carlos Pagotto y vuelve a reunirse a más de seis meses de su ultimo encuentro, cuando en agosto pasado, la bicameral trató decretos de la gestión de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Pero precisamente lo primero que deberá hacer es resolver la conducción, puesto que este año le corresponde presidirla a alguien de la Cámara baja.

Deben resolver entonces si, como desea el oficialismo, el correntino de La Libertad Avanza Lisandro Almirón queda a cargo, o bien algún aliado de entre el radical catamarqueño Francisco Monti (muy cercano hoy al Gobierno) o Diego Santilli.

Dicho sea de paso, integra esta bicameral también Oscar Zago, por lo que habrá que estar atentos a ver qué grado de tensión quedó entre el extitular del bloque libertario y Almirón, con el que casi se agarran a trompadas este miércoles en pleno recinto.

Este jueves se debatirá sobre el decreto vinculado crédito otorgado por el organismo encabezado por Kristalina Georgieva que será destinado a la cancelación de las letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina; como así también las operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, cuyo vencimiento opere dentro de los 4 años de la suscripción del acuerdo.

El decreto de necesidad y urgencia lleva el número 179 y acompaña la comunicación remitida a ambas cámaras, con el fin de que el Parlamento apruebe las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional.

Según la ley vigente, el jefe de Gabinete debe remitir el decreto al Congreso, cosa que acaba de suceder, y “dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.

Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. De tal manera, el 26 de marzo a más tardar debería ser debatido por cualquiera de las dos cámaras (se descuenta que será en Diputados).

Cabe aclarar que, para quedar avalado, un DNU requiere del voto de una sola cámara; pero para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas.

Por eso es que desde la oposición se rechaza el mecanismo que ha elegido el Gobierno, habida cuenta de que la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública establece en su artículo 2° que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

En efecto, la norma habla de una ley y no un DNU, como lo que envía el Poder Ejecutivo al Congreso, por lo que previsiblemente la oposición reaccionó de manera crítica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó el uso de la facultad del Poder Ejecutivo de apelar a un DNU con el argumento de que enviar un proyecto al Congreso “demoraría” el avance porque “en el Senado hay mayoría kirchnerista”.