El fotógrafo Pablo Grillo resultó herido de gravedad durante la brutal represión de las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich a la protesta en defensa de los jubilados que se desarrolló este miércoles frente al Congreso.

En un video difundido en redes sociales se ve el momento en el que un hombre con una cámara en mano recibe el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno, en el marco de los graves incidentes. Horas después se confirmó que el arma utilizada por los efectivos había sido prohibida por ser potencialmente mortal, pero que fue reincorporada al servicio por la actual ministra de Seguridad.

Ante esta situación, desde la APT se emitió un comunicado en repudio a la violencia ejercida por la Policía y en rechazo al inconstitucional protocolo "Bullrich", que alienta la violencia institucional y busca garantizar la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.

El comunicado completo:

Desde la Asociación de Prensa de Tucumán expresamos nuestro más enérgico repudio y condena a la violencia ejercida contra los trabajadores de prensa y fotoperiodistas, por parte de un Gobierno que no respeta los derechos garantizados y protegidos por la Constitución Nacional.

Atentar en contra de la integridad física de trabajadores que buscan llevar información independiente es un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía de mantenerse informada, dos pilares fundamentales en cualquier sistema democrático.

"La violencia institucional no es la respuesta a las demandas de un sector vulnerable de nuestra sociedad, sino un claro retroceso en el respeto a los derechos humanos y democráticos", enfatizó Oscar Gijena, secretario general de la APT.

"Nos solidarizamos con los jubilados y jubiladas que, en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta, fueron reprimidos durante su movilización en defensa de sus justos reclamos", aportó el secretario gremial, Diego Tomas.

El reclamo de los jubilados es y será siempre legítimo, y cada vez se hace más extensivo con haberes por debajo de la línea de la pobreza que les impiden cubrir las necesidades básicas.

No avalamos que la violencia sustituya el diálogo y la justicia social.